El texto comparado entre la propuesta del Partido de la Gente (PDG) y el texto enviado por el Gobierno, al que accedió Radio Bío Bío, contiene las claves del quiebre del acuerdo por el Plan de Reconstrucción Nacional. La devolución del IVA para medicamentos y pañales concentró los mayores desacuerdos.
En materia de periodicidad del pago, las posturas resultaron irreconciliables. El PDG pedía bonos mensuales, mientras el Gobierno ofreció pagos trimestrales. El propio encabezado del documento comparado refleja esta diferencia en el artículo 1.
La propuesta del PDG en el texto comparado establece: “EL BENEFICIO SERÁ MENSUAL SERÁ EL EQUIVALENTE DE HASTA UN 20% DEL VALOR TOTAL (IVA INCLUÍDO) DEL CONSUMO DE REFERENCIA. INCISO 2°: EL REFERIDO PAGO DEBE SER DE PAGO MENSUAL, DESFAZADO 45 DÍAS POSTERIOR AL CIERRE DE MES EN CURSO”. En cambio, el articulado del Gobierno señala un “pago trimestral”.
La cobertura del beneficio también marcó una distancia insalvable. El PDG pidió que fuera universal, pero el Gobierno ofreció segmentar considerando hasta el quinto decil de la población más vulnerable. Una anotación en el artículo 2 del documento compara esta visión.
Universalidad versus focalización extrema
En las definiciones del artículo 2, el texto del Ejecutivo habla de “segmento” para clasificar a los beneficiarios. La corrección del PDG es tajante: “b)segmento: no debe haber segmentación, debe ser universal. Otro punto fundamental es que se excluyeron a los niños y personas con enfermedades crónicas, neurológicas y en cualquier otra situación de discapacidad”.
El artículo 3 del proyecto permite incorporar este beneficio al Subsidio Único Familiar, a la Asignación Familiar o a otros beneficios administrados por el Estado. La bancada rechazó esta fórmula, aunque el texto comparado no consigna una observación específica en este punto.
El problema de la focalización reaparece con crudeza en el artículo 4. Una anotación señala: “d) la focalización, lo único que hace es hiperfocalizar la ley y lo que buscamos es la universalidad del beneficio o a lo menos, que alcance a la clase media”. La misma nota agrega: “recordar que el beneficio de pañales debiese ser universal, por ende no debiese requerirse la acreditación”.
En el artículo 5, el Gobierno limita los beneficiarios al “ochenta por ciento más vulnerable” y restringe los pañales a menores de 12 meses y adultos mayores con condiciones médicas. El PDG anotó: “menores de 12 meses debiendo ser un beneficio universal”. La acreditación, otro punto de discordia, quedaría eliminada bajo la lógica universalista.
Discrepancias hunden acuerdo entre el PDG y Gobierno
Los indicadores de precio constituyeron otra fuente de desacuerdo. El PDG pedía revisarlos bienalmente, es decir, cada dos años. Sin embargo, el Ejecutivo presentó una propuesta con cuatrienualidad. Una anotación al artículo 4 literal a) exige: “debiese indicar los precios de referencia serán actualizados, de a lo menos 2 años, por la dirección de presupuesto considerando el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.
El texto del Gobierno fija los precios de referencia por un periodo de “al menos 4 años”. Esta discrepancia en los plazos de actualización afecta directamente el poder adquisitivo del beneficio en un contexto inflacionario.
La entrada en vigencia de la ley tampoco concitó acuerdo. El artículo primero transitorio del proyecto establece que la ley regirá “en el plazo de 4 meses a partir de la publicación del reglamento”. Eso implica cuatro meses en que la ley no funcionaría, un punto que el PDG objetó. El artículo segundo transitorio suma otros cuatro meses para dictar el reglamento.
El artículo 10 sobre compatibilidad de beneficios también recibió críticas. Una anotación advierte: “El concepto ‘naturaleza homologable’ es ambiguo y podría entrar en conflicto con la entrega física de medicamentos en centro de salud familiar (considerar que existen personas que, si bien pueden retirar los medicamentos desde Cesfam, éstos no siempre se encuentran disponibles, incluso podría implicar un perjuicio económico para el usuario, dificultando la trazabilidad de los casos)”.
La deuda pública como freno a la cobertura y sanciones sin definición
El artículo tercero transitorio revela una condición que la Bancada PDG calificó de extremadamente restrictiva. La cobertura avanza desde los cinco primeros deciles solo cuando la deuda baje del 30%, hasta llegar a los ocho deciles recién cuando la deuda sea inferior al 10% del PIB. El texto comparado anota: “El diseño actual es extremadamente restrictivo y para llegar al 80% (letra d)) la deuda debe ser inferior al 10% del PIB. Deuda actual del 43,3% (finales 2025), con expectativas sólo de subir ya que para compensar la inflación la posibilidad única es endeudarse”.
El artículo 12 sobre sanciones por uso indebido también generó incertidumbre. Una anotación explica: “no define ‘uso indebido’ lo que genera incertidumbre”. La norma solo contempla la suspensión del beneficio por seis meses y doce meses en caso de reincidencia, sin especificar qué conductas constituyen infracción.
Finalmente, el artículo 11 sobre mecanismo de entrega del beneficio repite la exigencia del Partido de la Gente de pagos mensuales. La anotación al inciso segundo señala: “su pago se efectuará mensualmente desfazado 45 días posteriores al cierre del mes en curso”. El Gobierno, en cambio, mantuvo el pago trimestral a través del Bolsillo Familiar Electrónico en CuentaRUT.
