El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, respondió a las críticas de los gremios de la pesca artesanal que acusan estar marginados del diálogo por las eventuales modificaciones a la Ley Lafkenche. La autoridad de gobierno aseguró que se incluirá a todos los actores.
La Ley Lafkenche lleva años siendo cuestionada porque su aplicación estaría frenando inversiones dada la amplia burocracia que implica la tramitación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, a lo que se suman las denuncias por extorsión y los recursos de protección por afectación a la pesca artesanal.
Por ello, en las últimas semanas, el Gobierno ha planteado modificarla, acogiendo y modificando una moción parlamentaria que ya abordaba este tema.
Sin embargo, gremios de la pesca artesanal en la región de Los Lagos plantean que se sienten marginados del diálogo, a diferencia, por ejemplo, de la industria salmonera.
Esto fue respondido por el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, quien sostuvo que la iniciativa tuvo una revisión técnica y que ahora, junto con el taller que realizarán en la región de Los Lagos, incluirán a los actores marítimos.
“El proyecto lo hemos estado preparando a nivel técnico, lo estamos recién conversando con otros órganos públicos y después de eso vamos a comenzar una discusión en instancias como este taller y luego lo vamos a llevar a consulta a la Comisión Nacional de Acuicultura y la Comisión de Pesca antes de ingresarlo al Congreso”, explicó sobre los pasos a seguir.
Consejo del Salmón pide certeza jurídica
La representante del Consejo del Salmón en la región de Los Lagos, Ángela Saavedra, dijo que el diagnóstico que tienen es que se “necesitan reglas claras y certeza jurídica para todos los sectores que tienen que ver con el borde costero”.
La Ley Lafkenche es la normativa que regula la entrega de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y sus críticas son principalmente porque cuando una comunidad o un conjunto de comunidades indígenas solicita un área marina, cualquier otra actividad económica que estaba tramitándose se paraliza mientras se resuelve la solicitud, que en promedio puede demorar hasta 10 años.
Además, hay críticas por la extensión de las solicitudes de áreas marinas, como fue el caso de una que buscaba concentrar gran parte del seno del Reloncaví, que incluía Hualaihué, Puerto Montt y Calbuco, u otras que pedían 600 mil hectáreas en Aysén.
A eso se suman las investigaciones criminales por eventuales sobornos que habrían sufrido emprendedores a quienes les habrían solicitado dinero con tal de desafectar el área que ellos utilizan para operar, o los recursos de protección porque no se cumplen los acuerdos del plan de manejo del ECMPO que afecta a pescadores artesanales.
