El diputado Tomás Kast (EVO) presentó un proyecto de resolución para solicitar al presidente de la República la exención parcial o total del pago de contribuciones para predios rurales afectados por atentados terroristas y/o violencia rural durante los últimos 10 años en las regiones de La Araucanía y Bío Bío.
La iniciativa surge en respuesta a la reiteración de hechos violentos en la macrozona sur y busca ampliar las medidas actualmente vigentes, considerando que la resolución emitida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en 2023 solo contempla rebajas para predios ocupados.
De esta manera, cientos de propietarios han quedado excluidos, pese a vivir en zonas catalogadas como de alto riesgo y verse afectados por el contexto de violencia rural.
El diputado explicó que la propuesta busca apoyar a familias que se han visto impedidas de desarrollar actividades productivas, habitar sus propiedades o realizar inversiones por la ocurrencia de estos hechos.
“Hoy hemos presentado un proyecto de resolución para dejar exento de contribuciones a todos los predios que se ven afectados por el terrorismo, ataques incendiarios o violencia rural en la macrozona sur, en las provincias de Arauco y en Malleco, sobre todo también en Cautín”, dijo.
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Junto con ello, advirtió que esta situación ha provocado una devaluación de los terrenos y un menoscabo patrimonial no imputable a sus propietarios.
“Vemos que el terrorismo le ha quitado el valor productivo a todos estos terrenos, que, al verse afectados por la violencia, por los incendios y los ataques que hay a las maquinarias, y a todas estas familias que viven en esa situación, pierden la posibilidad de pagar sus contribuciones”, sostuvo.
A ello, agregó: “Creemos que es un deber mínimo del Estado poder garantizar la seguridad, y, si no en subsidio de eso, al menos no cobrarles las contribuciones”.
Apoyo de diputados al proyecto
La iniciativa contó con el respaldo de los diputados Juan Carlos Beltrán (RN), Felipe Ross (PR), Diego Schalper (RN), Hotuiti Teao (UDI), Patricio Briones (PDG), Sara Concha Smith (PSC), Roberto Arroyo (PSC), Erich Grohs (PNL) y René Manuel García (RN).
Por su parte, Beltrán (RN) destacó que la propuesta responde a una realidad que afecta mayormente a agricultores y familias de la zona.
“Como representante de la región de La Araucanía, y que comunas tanto de Malleco como de Cautín, me he sumado a este proyecto que ha presentado nuestro colega, porque conozco muy de cerca a muchos agricultores que, lamentablemente, producto de los atentados, producto de la inseguridad, no pueden disponer de sus terrenos, y es injusto que se les estén cobrando contribuciones”, afirmó.
Por su parte, el diputado Grohs (PNL) reafirmó su apoyo a la iniciativa. “Aquí lo más importante es hacer un llamado a nuestro presidente para que acoja lo antes posible esta iniciativa que, como Nacional Libertario, vamos a respaldar”, sostuvo.
En tanto, Schalper (RN) recalcó que el Estado debe hacerse cargo de las víctimas de la violencia en la Macrozona Sur. “Le hacemos un llamado al gobierno a ponerle urgencia, porque ahí es donde uno pone las prioridades”, complementó.
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Finalmente, el diputado Teao (UDI) señaló que es necesario visibilizar mecanismos que permitan proteger a familias y pequeños productores de ambas regiones.
“Creemos necesario avanzar en mecanismos de alivio tributario para quienes han sido afectados por esta situación, aun cuando no exista una ocupación directa de sus predios. El Estado debe ser capaz de reconocer el impacto económico y humano que provoca vivir bajo riesgo constante y entregar respuestas concretas a quienes hoy sienten abandono e incertidumbre”, dijo.
El texto presentado ante la Cámara también alerta que entre marzo de 2024 y marzo de 2026 se registró un promedio cercano a cinco atentados mensuales en la Macrozona Sur, los cuales incluían ataques incendiarios, usurpaciones, cortes de ruta y delitos asociados al uso ilegal de armas.




