El Gobierno ingresó una indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas, con la que busca que servicios públicos y privados “acusen” a migrantes en situación irregular cuando realicen trámites en áreas como salud, previsión o educación.
Según reveló La Segunda, la propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión de la iniciativa en la comisión de Gobierno del Senado, y obligaría a organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles a entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.
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Miércoles 13 Mayo, 2026 | 16:40
La medida se enmarca en la estrategia del presidente José Antonio Kast para identificar y concretar expulsiones de extranjeros que permanezcan ilegalmente en el país, estimados en cerca de 300 mil personas.
De acuerdo con el citado medio, “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado” deberá entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros sometidos a procedimientos en trámite.
Acceso a datos personales
Entre los antecedentes que podrían solicitarse figuran domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos personales.
La idea del Ejecutivo es aprovechar las instancias en que migrantes irregulares acuden a servicios estatales o privados para obtener beneficios sociales, atención médica o realizar trámites, con el objetivo de identificarlos, fiscalizarlos y eventualmente expulsarlos del país.
El senador RN Andrés Longton defendió la propuesta, asegurando que permitirá “acelerar procesos de expulsión” y detectar situaciones laborales irregulares.
“Esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos”, sostuvo el parlamentario, agregando que también servirá para fiscalizar empleadores y conocer el impacto migratorio en el sistema de salud.
La indicación establece además que los datos entregados estarán sujetos a reserva y solo podrán utilizarse para fines migratorios específicos, conforme a la normativa de protección de datos personales.
