Pavez niega obligación de denunciar a migrantes irregulares y descarta "descoordinación" con Chomali

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió este viernes a enfrentar la controversia generada por la indicación presentada por el Gobierno al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas, luego de que la ministra de Salud, May Chomali, manifestara reparos respecto de un eventual acceso a información de migrantes en situación irregular en medio de trámites en salud, educación o previsión.

La polémica surgió tras las dudas instaladas sobre si la iniciativa implicaría una obligación para que organismos públicos y privados reporten antecedentes de extranjeros irregulares a las autoridades migratorias, particularmente considerando la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

Sin embargo, Pavez aseguró que existe una “mala comprensión” del contenido de la indicación y descartó que el Ejecutivo busque establecer mecanismos de denuncia o vulnerar garantías legales.

“Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la ley migratoria —ya sea para sancionar o para expulsar—, la autoridad migratoria respectiva pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos”, sostuvo.

Pavez por indicación sobre migrantes: “Nadie está obligando a reportar a nadie”

El subsecretario insistió en que la propuesta no crea nuevas obligaciones de denuncia, sino que busca facilitar la ubicación de personas que ya están siendo objeto de un procedimiento migratorio.

“Acá no existe en el texto, nunca ha estado en el texto ni en la intención del Gobierno, ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia”, afirmó.

Según explicó, la dificultad para concretar expulsiones o sanciones administrativas muchas veces radica en que, tras ser notificadas, las personas no pueden ser ubicadas nuevamente por las autoridades.

Por ello, indicó que la norma apunta a que el Servicio Nacional de Migraciones o la Policía de Investigaciones puedan solicitar antecedentes acotados a organismos vinculados a salud, educación o previsión, únicamente cuando exista un procedimiento migratorio en curso.

Pavez recalcó además que la información sobre los migrantes solo podrá utilizarse para esos fines específicos y que la indicación mantiene intactas las garantías contempladas en la legislación vigente.

“Los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar. Y en ese sentido no hay ninguna descoordinación”, aseguró, al ser consultado directamente por las declaraciones de Chomalí.

En la misma línea, sostuvo que el mecanismo responde al principio de interoperabilidad entre instituciones del Estado y comparó la situación con otros procedimientos donde las policías ya acceden a antecedentes para fines de persecución penal.

Alvarado descarta conflicto con ley de pacientes

Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también intentó bajar el tono a la controversia y aseguró que la indicación no busca intervenir la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

“No es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra de Salud”, señaló.

El secretario de Estado sostuvo que la propuesta únicamente busca adecuar la normativa vigente a los nuevos marcos jurídicos, particularmente en materia de protección de datos y facultades del Servicio Nacional de Migraciones para requerir información.

“Es simplemente solicitar información de acuerdo a los nuevos marcos jurídicos legales establecidos”, afirmó.