En el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026, el primero desde que asumió el presidente José Antonio Kast, la Dirección de Presupuestos (Dipres) actualizó el escenario macroeconómico, presentó el cierre fiscal definitivo de 2025, ajustó las proyecciones y mostró una nueva trayectoria de ingresos, gastos y deuda para el período 2027-2030.
“En este primer IFP del Gobierno del presidente Kast, se develó la compleja situación fiscal y se presentan las acciones correctivas en curso para restablecer una trayectoria de las finanzas públicas sostenible”, enfatizó el Ejecutivo.
Como el cierre estructural definitivo de 2025 fue -3,7% del PIB (frente a una meta de la administración anterior de −1,6% del PIB), el Gobierno -por parte de Hacienda y la Dipres- remarcó que tiene “la obligación de implementar acciones correctivas”.
A modo de resumen, esas acciones -de momento- son seis; y según lo reportado, ya se implementaron dos de ellas.
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Medidas correctivas implementadas y en implementación
La primera de las medidas es el “Ajuste fiscal de gasto”, que fue notificada por la Dipres como “implementada”, que consistió en un recorte en dos etapas; la primera por US$1.937 millones afectó 26 de 33 partidas, con efecto acumulado de $1.762.261 millones (0,5% del PIB), distribuido entre gasto corriente, de capital y transacciones financieras.
Y la segunda, el “Fortalecimiento de ingresos fiscales”: se comenzó a cobrar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y se redujo transitoriamente el crédito fiscal al diésel para empresas no transportistas.
Ahora, las cuatro medidas correctivas que se hallan en proceso de “implementación” son: “Mejora de la focalización del gasto social”, “Programa Financiero de Mediano Plazo (PFMP)”, “Modernización de gestión de empresas públicas” y “Plan de gestión de activos institucionales”.
Sobre ese primer ítem, el Ejecutivo remarcó que se encuentran revisando el padrón de beneficiarios de prestaciones sociales mediante cruces de información administrativa, para corregir problemas de focalización y mejorar la eficiencia del gasto. Constituye el eje de la segunda etapa del ajuste fiscal.
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En tanto, con el PFMP se está apuntando a cambiar el paradigma en la planificación financiera.
“A partir del Presupuesto 2027, la Dipres definirá un PFMP 2027–2031 como marco de restricción plurianual para la asignación de recursos y la aprobación de nuevas iniciativas”, se explicó al respecto.
Para modernizar las empresas públicas, se está delineando un nuevo modelo de gestión del rol del Estado como dueño e inversionista, basado en estándares OCDE.
Por último, para la medida correctiva estipulada en el “Plan de gestión de activos institucionales”, se está realizando un levantamiento del stock de inmuebles por ministerios y servicios, para clasificarlos entre “prescindibles y no prescindibles”, y posteriormente llevar a cabo un plan de venta.
Incluirá, asimismo, “mecanismos para rentabilizar activos subutilizados”.
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Una brecha que “no tiene explicación técnica posible”
El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, señaló que como el cierre fiscal definitivo 2025 dejó un déficit estructural de -3,7% del PIB, con deterioro de más de 2 puntos porcentuales, a la fecha se han adoptado “medidas de contención y eficiencia del gasto por $1.307.729 millones, equivalente a 0,4% del PIB”.
Sin esas acciones, afirmó, “el déficit efectivo para 2026 estaría en torno a 2,9%, mientras que el estructural se ubicaría en 4,1%”.
En la presentación del IFP, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que existe una diferencia de cerca de 10.500 millones de dólares entre los cálculos elaborados por el actual Gobierno y las estimaciones ofrecidas en febrero pasado por el expresidente Gabriel Boric relativas al último cuatrimestre de 2025.
“El IFP del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia del 2,9% del PIB en la trayectoria de deuda: el balance proyectado acumulaba un deterioro de 13.500 millones de dólares entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en 3.900 millones de dólares en el mismo período”, sostuvo.
De manera tajante, agregó que “esa brecha es aritméticamente incompatible con una trayectoria fiscal coherente y no tiene explicación técnica posible: si el Estado gasta sistemáticamente más de lo que recauda, su deuda debe crecer en una proporción coherente con ese déficit acumulado. La proyección anterior no reflejaba esa relación”, concluyó.
