La incorporación de una exlobbista de las principales plataformas de apuestas online al núcleo de la coordinación política del Gobierno encendió las alarmas, justo en medio de la tramitación del proyecto que busca regular a esta industria en Chile.
Se trata de María Trinidad Sainz Reyes, cientista política y actual asesora legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera encargada precisamente de ser el nexo entre el Congreso y el Gobierno, que tiene a su cargo la tramitación de leyes.
Antes de llegar a La Moneda, Sainz realizó gestiones de lobby para la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL), entidad que reúne a gigantes del sector como Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin.
Según reveló un reportaje de Fast Check, entre 2023 y 2025 la profesional participó en al menos ocho audiencias ante parlamentarios y autoridades para influir en el debate regulatorio. Sin embargo, en marzo de este año se integró al equipo de asesores de la Segpres, cartera estratégica que enlaza al Ejecutivo con el Congreso y que monitorea directamente dicha iniciativa legal.
Reunión de exlobbista de plataformas de apuestas online con Jugabet bajo la lupa
El reportaje detalla que, ya en su rol gubernamental, Sainz participó en abril en una audiencia con representantes de Eastern Star Entertainment, firma ligada a Jugabet. Según los registros de la Ley de Lobby, el encuentro buscaba abordar inquietudes sobre el proyecto que hoy se discute en el Senado.
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Desde la Segpres confirmaron la asistencia de la asesora, pero descartaron irregularidades. Aseguraron que no ha tenido intervención directa en la tramitación de la ley y que “no tiene ningún impedimento” legal para participar en estas instancias.
Pese a esto, Enrique Rajevic, exdirector jurídico del Consejo para la Transparencia, señaló al medio que Sainz debió abstenerse debido a sus vínculos recientes con la industria. A su juicio, la situación podría derivar en cuestionamientos a la probidad administrativa.
Presión de la industria ante el avance del proyecto
Esta controversia estalla mientras el Ejecutivo impulsa con suma urgencia el proyecto de ley, actualmente en su segundo trámite constitucional.
La propuesta busca que las empresas operen formalmente bajo supervisión estatal y paguen un impuesto específico del 20%, IVA y cobros retroactivos. Además, incluye un período de receso (cooling off) para las plataformas activas y amplía las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego.
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En paralelo, las firmas del sector han intensificado su ofensiva. En abril, representantes de Jugabet y de la APAL sostuvieron reuniones con funcionarios de Hacienda y asesores legislativos.
Ofensiva judicial y bloqueos pendientes
El debate legislativo avanza en un escenario judicial adverso para las casas de apuestas. En octubre pasado, la Corte Suprema ratificó que operan fuera del marco legal y ordenó bloquear sus sitios web.
No obstante, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reconoció que enfrenta trabas técnicas y jurídicas para cumplir la orden. Ante esto, la Corte de Apelaciones de Santiago ofició recientemente a la Subtel para que detalle el estado de avance de dichas medidas.
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En este complejo panorama, el paso de una exlobbista del rubro a un cargo estratégico en la Segpres reaviva las dudas sobre eventuales conflictos de interés en una de las leyes más sensibles para el mercado del juego online en Chile.
