Las últimas semanas, Bolivia ha sido escenario de protestas y bloqueos, los que han afectado principalmente a la ciudad de La Paz. En gran medida, el descontento tiene su origen en los recortes de gastos y la reducción de los subsidios a los combustibles hecha por el gobierno de Rodrigo Paz. Esto, como medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas.
Incluso, el pasado 20 de mayo, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó que en su país se está gestando un golpe de Estado y aseguró que las protestas contra el Gobierno tienen “un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales”, a quien acusó de impulsar una “sedición”.
La situación ha alcanzado niveles críticos, provocando al menos cuatro muertes, incluyendo la de un niño de 12 años que falleció por no haber podido recibir atención médica de urgencia debido a los bloqueos de carreteras en el país.
Este complejo escenario llevó al Congreso boliviano a derogar la ley que establecía límites para decretar estados de excepción. La medida permite al presidente Rodrigo Paz contar con mayores atribuciones para enfrentar la crisis, incluyendo la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en caso de que la situación continúe escalando.
Protestas en Bolivia
El inicio de esta semana estuvo marcado por las declaraciones de Evo Morales, quien aseguró que “a Rodrigo Paz solo le quedan dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”.
Bernardo Pacheco, analista boliviano y académico de la Universidad de los Andes (Uandes), explicó mediante un comunicado que el país “se encuentra en la cuarta semana de movilizaciones de movimientos sindicales, obreros y campesinos”, las que han dejado a La Paz “sin suministro de alimentos y sin suministro de combustibles”.
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El experto afirma además que las manifestaciones “han sido muy violentas”, situación que ha provocado presión sobre el Gobierno para endurecer su respuesta. En ese sentido, explica que “los diferentes sectores de la población han estado solicitando al presidente Paz que aplique medidas más rígidas para controlar la situación”.
Pacheco señala que, aunque las movilizaciones argumentan razones económicas, detrás del conflicto también existirían motivaciones políticas vinculadas al expresidente Evo Morales. “Evo Morales, con sus intervenciones, ha mostrado tener una parte en la organización de estos conflictos”, afirma.
Este martes, el riesgo país de Bolivia escaló a 605 puntos básicos tras casi 20 días de disturbios contra el presidente Rodrigo Paz, convirtiéndose en el segundo más alto de Latinoamérica. Según el índice EMBI de JPMorgan, el interés exigido por los inversores a la deuda boliviana subió 227 puntos desde el 1 de mayo (378 puntos).
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El uso del estado de excepción en Bolivia
Tras 22 días de intensas protestas y bloqueos de carreteras, este miércoles, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó una ley que elimina las restricciones para que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos.
La norma, aprobada previamente por el Senado y la Cámara de Diputados, fue publicada de inmediato en la Gaceta Oficial. Su principal efecto es la derogación total de la Ley 1341 de “Estados de Excepción”, la cual limitaba el uso de militares en manifestaciones sociales y establecía que solo actuarían si la Policía era superada, con un tope de 60 días.
El académico de la Uandes agrega que la ley derogada había sido aprobada tras la salida de Morales en 2020 para establecer límites y mecanismos de control sobre los estados de excepción y el uso de las Fuerzas Armadas.
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Es importante aclarar que la promulgación de esta ley no dicta automáticamente un estado de excepción. Sin embargo, le otorga al mandatario el poder constitucional de desplegar al ejército para reprimir disturbios y restablecer el orden en las ciudades si lo considera necesario. La oposición y los manifestantes ven esto como una vía libre para la militarización, mientras que el gobierno busca una herramienta drástica para contener la crisis que paraliza al país.
“Hoy el sistema político le ha dado un guiño a Rodrigo Paz para establecer el control, aplicar medidas de fuerza y hacer uso de las Fuerzas Armadas”, sostiene.
Pese a ello, el analista indica que el mandatario todavía busca una salida dialogada al conflicto. “El presidente aún quiere utilizar el diálogo; sin embargo, ya tiene la herramienta. El sistema político le ha dado todo el pase para que pueda hacerlo”, concluye.
