La exministra de Desarrollo Social y de la Secretaría General de Gobierno, Karla Rubilar, abordó con BioBioChile el presente del gobierno de José Antonio Kast, ad portas de su primera Cuenta Pública.
La ahora académica del magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma analizó los primeros dos meses de la administración y sostuvo que, tras el cambio de gabinete, el Ejecutivo tiene una “segunda oportunidad” para recuperar las confianzas quebradas.
Respecto de los recortes anunciados en distintas áreas durante esta primera etapa, Rubilar advirtió que no existió un relato claro por parte del Gobierno y puso especial énfasis en la situación de salud, señalando que mientras existan “cifras dolorosas” no puede haber recortes. Además, afirmó confiar en que el mandatario resguardará las medidas sociales heredadas de Sebastián Piñera.
Sobre la indicación que busca permitir que hospitales entreguen antecedentes de migrantes irregulares, advirtió que cualquier medida debe aplicarse con “precisión quirúrgica” para no desincentivar la atención médica ni poner en riesgo la salud pública.
Finalmente, respecto de la Cuenta Pública, planteó que la ciudadanía espera “menos épica y más gestión”, además de humildad al momento de analizar la instalación del Ejecutivo. Asimismo, cuestionó la acusación constitucional presentada contra el exministro Grau, calificándola como un “error” que surge en un momento inoportuno.
La “segunda oportunidad” de Kast tras el cambio de gabinete
—¿Cuál es su evaluación del gobierno de José Antonio Kast? ¿Considera que terminó el proceso de instalación o aún lo estamos viviendo?
Mire, lo cierto es que el Gobierno ha tenido unos primeros meses que han estado marcados por una tensión evidente entre las expectativas que había generado la campaña y las complejidades propias de gobernar. Y, evidentemente, hay un periodo, y todo gobierno tiene derecho a un periodo de instalación. No obstante, en particular, personalmente creo que este gobierno ya terminó ese proceso de instalación, que tuvo que tener, además, en el intermedio, un cambio de gabinete muy sensible. Y, por tanto, hoy día hay una segunda oportunidad, un segundo impulso para mostrarles a los chilenos y a las chilenas cuál es el rumbo, qué es lo que se quiere hacer durante estos cuatro años de gobierno y, sobre todo, no solo qué se quiere hacer, sino cómo se va a hacer.
Y yo creo que esa es la tremenda oportunidad que tiene el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública, una cuenta que se transforma en una suerte de prueba de liderazgo que él tiene que enfrentar de buena manera, a fin de recuperar, probablemente, algunas confianzas que se quebraron durante estas semanas, pero que es posible, sin duda alguna, recuperar con vistas a lo que queda, que es mucho.
—¿Por qué se quebraron confianzas? ¿A qué se debe ese diagnóstico?
Porque personalmente creo que hay dos áreas muy sensibles, que eran los principales ejes de campaña del presidente José Antonio Kast: seguridad y economía. Y la ciudadanía siente, en estos dos meses, a mi juicio, que todavía no tiene claridad de hacia dónde va el Gobierno y cuáles son los anuncios concretos en esta materia que finalmente puede esperar. Hubo una promesa de campaña, un pacto social, en estas dos áreas en particular. El presidente José Antonio Kast ganó, y ganó por una amplia mayoría, y probablemente ganó por esa amplia mayoría porque la ciudadanía, primero, estaba completamente desilusionada del gobierno anterior y esperaba del presidente Kast un cambio, y un cambio probablemente bastante rápido, que siente, en estos dos meses, que no se ha materializado con esa premura que ellos esperaban.
Personalmente, también creo que estas dos áreas son tan sensibles porque hablan de una ciudadanía que, además de cansada, desgastada y desilusionada, finalmente sigue teniendo miedo, sigue teniendo incertidumbre, sigue teniendo incerteza. Entonces, lo que quería ver era, probablemente, certeza en el área de seguridad y migraciones; certeza en el área económica, que lamentablemente al presidente Kast además le toca enfrentar una guerra y una crisis que implica un golpe muy fuerte sobre el bolsillo de las familias y una incertidumbre en esa materia; y probablemente certeza en otra área que el presidente priorizó, que era el “qué pasa si yo me voy a enfermar”.
Entonces, a mi juicio, el pacto social del presidente José Antonio Kast era un gobierno que iba a prometer orden y que iba a prometer seguridad. Yo creo que ahí hay todavía un área al debe, entendiendo que el Gobierno lleva poco, pero como las expectativas eran muy altas y se generó realmente mucha esperanza en este cambio del presidente, la ciudadanía también está muy exigente y tiene poca paciencia. Antes se hablaba de la “luna de miel”, pero la ciudadanía tiene poca paciencia porque hubo muchas expectativas que se generaron y probablemente en estos dos meses la gente siente que, o al menos interpreta —y esto es muy importante porque gobernar no es solamente hacerse cargo de los datos duros, sino que es hacerse cargo de las percepciones—, que ese cambio que esperaba todavía no se ha materializado.
—¿Y el cambio de gabinete cree que aporta a dar esa certeza que busca la ciudadanía? ¿Siente que es justificado el cambio de ambas ministras?
Yo estoy convencida de que el presidente tomó una decisión correcta y que la tomó probablemente más rápido de lo que muchos esperaban. Quizás, en el análisis de quienes han podido mirar cómo se comportan gobiernos anteriores, lo que estaba en la posibilidad era un cambio de gabinete —probablemente de estas dos carteras que no tenían una buena evaluación— después de la Cuenta Pública. Eso era lo que muchos esperaban; incluso algunos planteaban que esto pudiera ser después de la aprobación de la megarreforma. El presidente termina tomando una decisión más temprana que, a mi juicio, es un acierto; le saca una mochila de ruido, sobre todo, a la Cuenta Pública.
Convierte la Cuenta Pública del primero de junio en una tremenda segunda oportunidad, que no la habría tenido probablemente de no haber tomado tan dolorosa decisión (…), pero también demuestra que él entiende que el proyecto país que él representa, y por el cual confiaron los chilenos y las chilenas, es más relevante, importa más que incluso tener que reconocer que hay decisiones personales —porque hay una impronta personal en estas dos ministras, en la confianza del presidente José Antonio Kast— que él tiene que dejarlas atrás si es que ve que no es lo mejor para Chile. Y yo creo que eso también demuestra carácter y demuestra convicción. Así que yo creo que él construye una segunda oportunidad con esta decisión.
Recortes y posible afectación a políticas de Piñera
—Hablaba de este pacto social que hizo el presidente en la campaña. ¿Cree que este pacto se ha visto perjudicado por los recortes que se han anunciado, por ejemplo, en salud? ¿Eran necesarios?
Fíjese que el pacto social que entregaba este concepto del presidente José Antonio Kast, de convicción, orden, claridad, seguridad, certezas, y además como una suerte de coherencia en lo que sería transmitido durante muchos años, tiene aparejado el ordenar la casa. O sea, yo creo que la ciudadanía entendía que iba a haber que hacer un esfuerzo en materia de orden, de gasto fiscal, para poder enfrentar a un país que estaba endeudado, que había gastado más de lo que realmente podía gastar, dicho por muchos organismos técnicos durante el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Entonces, yo creo que dentro del pacto social estaba el orden de la casa y la ciudadanía eso lo entendía. El tema es que cuando uno está con estrechez fiscal, uno tiene que priorizar, porque gobernar es priorizar. Entonces, la ciudadanía estaba abierta a entender que había que ajustarse el cinturón en algunas áreas, pero cuando uno tiene que hacerlo, evidentemente tiene que proteger ciertas áreas que son de necesidades más básicas. Y yo creo que no quedó tan claro con esta instrucción de un recorte de un 3% parejo que realmente estuviéramos priorizando y que entendiéramos que había algunas áreas más sensibles para la ciudadanía que había que resguardar y proteger. Entonces, yo creo que ahí se dio un mensaje contradictorio que fue difícil, y que va a seguir siendo muy difícil de comprender por la ciudadanía.
Por eso el presidente José Antonio Kast tiene que terminar retrocediendo en su decisión de recortar seguridad, porque si era el corazón del pacto social la seguridad —y el combate a la delincuencia, al narcotráfico y al crimen organizado—, no se entendía que se recortara el aumento que se había acordado con el Congreso Nacional en esta materia. Personalmente, creo que las señales son muy relevantes. Entonces, evidentemente, tomó una buena decisión al retroceder en el recorte de seguridad, pero probablemente había que dar otra señal. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, los organismos pertinentes acordes a esta materia de ordenar la casa y hacer una migración ordenada, segura y regular, no tenían que tener ningún riesgo de recorte; al contrario, probablemente tendrían que haber tenido un anuncio de aumento de recursos para poder cumplir la promesa asociada a la migración irregular y la expulsión, sobre todo, de los migrantes irregulares que han cometido delitos y que han generado un daño y un perjuicio sobre nuestro país.
Otra cosa importante es que, si había que ajustarse el cinturón, probablemente la señal también iba a ser inyectarle recursos a las instituciones y organismos que ayudan a fiscalizar el mal uso de los recursos fiscales: la Contraloría, la Superintendencia de Pensiones, el Compin u otros. Y salud, creo yo, es parte del pacto social, porque el presidente José Antonio Kast habló muchas veces respecto del mal manejo del gobierno anterior, el dolor de las familias esperando y muriendo en una lista y, evidentemente, la alerta oncológica da una impronta y un sello de lo importante que es salud para el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Entonces, hacer un recorte, más allá —y quiero ser clara en esto— de que el recorte es hacia el aumento que se le había entregado a salud, o sea, no es que tengamos menos recursos que el año anterior en salud, sino que había un aumento que era más grande y se acortó ese aumento, lo cierto es que, si bien hay espacio de mejora en salud, de mejor gestión, de sacar recursos de los que se están gastando mal —por ejemplo, malas licitaciones hechas de último minuto que encarecen los precios o que no se intermedie por Cenabast los medicamentos—, lo cierto es que salud tiene más de 2 millones de personas esperando, y siguen todos los años informándose personas que fallecen en una lista de espera.
Entonces, mientras el sistema tenga esas cifras dolorosas, que no son números, sino que son vidas lamentablemente perdiéndose o con una pésima calidad de salud, no se puede hacer ningún recorte desde esa eficiencia. La eficiencia lo que tiene que lograr es que saquemos los recursos de donde mal se están utilizando y los reinyectemos en el sistema para salvar vidas. Entonces, personalmente creo que el problema no fue decir que había que ordenar la casa o decir que había que ajustarse el cinturón. El tema es que no hubo un relato claro de quiénes tenían que hacer ese esfuerzo y para proteger qué áreas.
—Aun así, el relato que sí se ha mantenido claro desde el Gobierno es el de no tocar beneficios sociales. Como exministra, ¿cree que eso se ha cumplido? ¿Y en algún momento temió, por ejemplo, que se tocara algún beneficio impulsado durante el gobierno de Sebastián Piñera?
Lo primero es que el presidente comprometió su palabra en que no se iban a tocar derechos sociales. Por lo tanto, nosotros no podemos encontrarnos con ninguna sorpresa respecto de un recorte de un beneficio durante el gobierno del presidente Kast, porque este fue un compromiso de campaña muy claro del mismísimo presidente, en medio de una campaña que tuvo dimes y diretes en esta materia. O sea, él esto lo zanjó y, por lo tanto, todos sus ministros tienen que actuar en consecuencia. Evidentemente, nosotros miramos que esa promesa se cumpla y confiamos en eso, en que se va a cumplir.
Y dentro de los beneficios sociales hay una impronta social de quienes fuimos parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera que miramos con mucha detención: la Pensión Garantizada Universal; todos los beneficios de la red de protección social que está asociada al Ministerio de Desarrollo Social y Familia; beneficios sociales asociados al trabajo (…). O sea, la impronta social desde el punto de vista del empleo también es un área que hay que proteger y que no hay que tocar.
Esas áreas que miramos y que fueron muy importantes durante el gobierno del presidente Piñera, estamos convencidos de que el presidente Kast entiende esa importancia y, por tanto, las va a cuidar y va a proteger como parte del legado de una coalición que él mira con buenos ojos, y eso se notó en la relación que tuvo con la familia Piñera Morel en la segunda vuelta presidencial y en quienes son parte de su gobierno y que también fueron parte de algunos de los dos gobiernos del presidente Piñera.
Advertencias de Karla Rubilar por reportes de migrantes en salud
—Pasando a otro tema, ¿qué le parece esta indicación que busca permitir que hospitales entreguen antecedentes de migrantes irregulares? ¿Puede generar un riesgo sanitario?
Lo primero, es muy importante decir que el sistema de salud se basa en confianza. Uno toma ciertas decisiones de si se atiende o no, si se vacuna o no, si toma ciertos medicamentos y tratamientos, dependiendo y basándose en la confianza. Eso es lo más vital de los sistemas públicos que son sólidos y robustos.
En el caso puntual de la atención de migrantes, muchas veces uno podría decir que la ciudadanía, tal vez, ve con buenos ojos limitar la atención de salud a ciertos migrantes irregulares, a fin de que esto fuera un incentivo para que se fueran. Porque sabemos que hay una tensión en Chile respecto de esta migración que, lamentablemente, fue descontrolada y ha generado una asociación muy injusta entre migración y delincuencia, además de delitos muy graves. Y eso es real, porque se nos filtraron bandas de crimen organizado que han golpeado fuertemente a nuestro país.
Puede haber una sensación ciudadana de que es una buena decisión impedir la atención de salud a estos migrantes para que se vayan. Pero eso es un error desde el punto de vista de la salud pública, porque si un niño de una familia de migrantes irregulares no se vacuna o una persona migrante no se trata, por ejemplo, una tuberculosis, el impacto no es solamente sobre ese niño, esa familia o ese migrante irregular, sino sobre toda la sociedad chilena. Son chilenos y chilenas los que pueden enfermar, los que pueden ser parte de un brote con un impacto súper fuerte sobre la salud pública de Chile. Entonces, en esto hay que ser especialmente cuidadosos y entender que estamos cuidando la salud del país, de los chilenos. Es un sistema que además hemos cuidado y hemos construido durante muchos años entre todos.
Entonces, cualquier decisión que busque que el Estado logre tener los antecedentes para lograr una expulsión ya ratificada —me imagino que ahí estamos hablando evidentemente de casos de alta connotación, muy complejos, donde el Estado sí tiene que lograr que ese migrante se vaya y sea expulsado de nuestro país— tiene que congeniar ese derecho del Estado con la protección de la salud pública. Por eso hay que ser extremadamente cuidadosos y, si se quiere hacer una indicación en esta materia, tiene que tener una suerte de precisión quirúrgica que no desincentive, evidentemente, la atención de salud de los migrantes y que ponga en riesgo la salud de Chile. Yo entiendo que ya está muy despejado que nadie tiene que andar denunciando migrantes irregulares en los Cesfam y en los hospitales, y que nadie puede negar una atención de salud por la condición del estatus migratorio regular. Yo entiendo que eso está completamente zanjado.
—¿Pero el solo hecho de la indicación no pone en riesgo que, por ejemplo, un migrante irregular deje de asistir a un centro médico?
Evidentemente, hay una alerta que hizo ver la ministra May Chomali y otros expertos. Hay una luz roja en esta conversación que tiene que ser zanjada con una suerte de precisión quirúrgica en una indicación, si se va a insistir en esta materia, a fin de que no genere un perjuicio sobre todos los chilenos y las chilenas en atención de salud. Hay un derecho del Estado a encontrar a un migrante irregular que tiene orden de expulsión, probablemente porque está generando un daño en nuestro país. Pero eso tiene que congeniar de buena manera y no poner en riesgo la salud pública de nuestro país.
Expectativas de la Cuenta Pública y la polémica AC contra Grau
—Para ir cerrando. Ahora viene la Cuenta Pública y la previa ha estado marcada por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, incluso generando roces en la derecha. ¿Cómo ve el uso de esta herramienta y estas visiones ad portas de este hito?
A ver, lo primero, sobre la Cuenta Pública, yo creo que la ciudadanía está esperando tres cosas fundamentales. Yo creo que espera claridad; creo que espera, en esa misma claridad, entender nítidamente cuáles son las prioridades del Gobierno del presidente José Antonio Kast; y realismo para esas prioridades. O sea, yo creo que está esperando mucho menos épica y más gestión. Y probablemente explicar un poco qué dificultades se encontraron, porque es una cuenta de muy poquitos días, entonces probablemente el balance va a tener que ser de cómo se recibió el país y después qué se ha hecho en estos días y, quizás, incluso, qué no ha resultado como se esperaba.
Yo creo que tal vez la ciudadanía espera un poco de humildad respecto de lo difícil que finalmente son las instalaciones y gobernar, y la diferencia que hay con la campaña. Y, sobre todo, cómo se piensa avanzar. Y en ese cómo se piensa avanzar, creo que el tono y la forma del presidente José Antonio Kast van a mostrar si piensa avanzar un poco en este eslogan, que algo ha salido ya que parece que sería de la Cuenta Pública, que es “Chile cuenta con todos”. Si ese eslogan es real, si Chile cuenta con todos, eso significa que uno avanza también en este camino con la oposición, entendiendo que la oposición también representa a miles de chilenos y chilenas.
Y en ese contexto, y por eso le doy esta introducción, a mí me parece que es un error el anuncio de una acusación constitucional cuando recién estamos mirando y entrando en detalle de lo que sería este Informe de Finanzas Públicas y el alcance que tiene. Sin duda alguna, transparentar que hay más deuda pública de la que se pensaba, que ya era mucha, o que las finanzas no están como se pensaban y que, quizá, el escenario es más difícil aún, me parece correcto transparentárselo a la ciudadanía en este balance, en esta cuenta. Otra cosa es ocupar inmediatamente la herramienta que es de última ratio, que se ocupa al final cuando ya no queda nada más que hacer y de verdad la gravedad de la situación lo amerita.
Yo siento que la acusación constitucional durante muchos años y ya muchos gobiernos ha ido perdiendo legitimidad; se está utilizando cuando no se debe utilizar. Y eso es malo para la institucionalidad, daña finalmente a la política propiamente tal. Porque cuando uno realmente la tiene que utilizar, cuando realmente hay mérito, en realidad ya la ciudadanía va a sentir que no lo tiene. Y eso creo que es lo que está pasando.
Y además tensiona la relación con la oposición en un momento en que el Gobierno está entrando con la megarreforma al Senado, donde la forma de enfrentar al Senado es muy diferente a la Cámara de Diputados. En el Senado no existe el Partido de la Gente; en el Senado está el Socialismo Democrático como una alternativa de dar gobernabilidad, no solamente en el proyecto de la megarreforma, sino en todos los otros proyectos que el Gobierno quiera presentar de aquí a los cuatro años. Entonces, la posibilidad de construir una gobernanza mucho mayor se ve enturbiada, a mi juicio —y poquitos días antes, además, de la Cuenta Pública— con este anuncio tan prematuro, cuando recién estamos teniendo los antecedentes sobre la mesa de lo que está pasando en materia de finanzas públicas.
Entonces, a mí no me gusta. Creo además que deberían cambiar el mecanismo. Creo que son muy pocas las firmas que requiere una acusación constitucional para ser presentada, cuando en realidad creo que requiere que sea al revés: muchas más firmas, es decir, un convencimiento mucho más profundo del Congreso Nacional de que hay algo tan grave que amerita una acusación constitucional. Yo personalmente cambiaría el mecanismo y la exigencia porque no puede ser que sea más fácil presentar una acusación constitucional que una comisión investigadora o una interpelación. Algo ahí no está funcionando bien porque la acusación es la última ratio, una herramienta de altísima gravedad.
