Tras una extensa investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató en Puerto Montt, por segunda vez en cuatro años, una organización criminal transnacional dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Se trata de un grupo delictual compuesto por paraguayos, venezolanos, argentinos y chilenos, y que operaban en Valparaíso, Santiago, Puerto Montt y Castro.
Retenían ganancias y cobraban multas
La organización operaba en domicilios particulares, donde las víctimas ejercían la prostitución bajo presión y de forma clandestina.
Las mujeres -en su mayoría de origen paraguayo- eran víctimas de la retención de sus ganancias y del cobro de multas.
En la exposición de pruebas realizada en la PDI de Puerto Montt se exhibió un listado de precios por faltas cometidas, que era utilizado en los inmuebles donde operaba esta banda con el fin de retener las ganancias económicas de las víctimas. Por ejemplo, dañar o perder las llaves, tenía un costo de 5 mil pesos y tomar comida ajena, 10 mil.
Modus operandi
La Fiscal regional, Carmen Wittwer, dijo que las víctimas se encontraban en condiciones vulnerables.
“Claramente fueron vulnerados todos sus derechos al ser víctimas de trata de personas. Estaban en condiciones bastante deplorables, teniendo presente su dignidad, su calidad de mujeres”, detalló.
Además, Wittwer agregó que este tipo de organizaciones “se caracterizan por tener retenidas a estas mujeres bajo distintas amenazas o retención de documentos”.
El jefe de la Brigada Investigadores de Robos de la PDI en Puerto Montt, Sergio Castro, detalló que este proceso de investigación inició luego que se agruparan denuncias por robos que emanaban de personas de origen extranjero.
“En este proceso se establece que se abren ciertas sucursales, tanto en la región de Valparaíso y la región de Los Lagos y determinando mediante múltiples técnicas de investigación, que un grupo, tratándose de una estructura transnacional, captaba mujeres principalmente en Paraguay”, explicó.
Las víctimas fueron engañadas, aseguraron las autoridades, ya que migraron a Chile buscando desarrollo personal y mejores condiciones para sus familias.
De los 10 imputados, los líderes quedaron en prisión preventiva, mientras los demás permanecen con medidas cautelares de menor intensidad.
Según información entregada a La Radio, algunas de las afectadas han vuelto a su país tras prestar declaración, quedando cinco en territorio nacional.
