En entrevista con Tomás Mosciatti, el abogado, exsubsecretario del Interior e investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Felipe Harboe, analiza la evolución del crimen organizado en Chile, sus métodos de penetración institucional y los desafíos que enfrenta el gobierno del presidente Kast en materia de seguridad.
El allanamiento a una sucursal de Banco Santander y la detención de 19 personas por lavado de dinero, vinculado al Tren de Aragua, marcaron un punto de inflexión en la discusión sobre seguridad en Chile. El caso reveló que $78 mil millones de origen ilícito fueron canalizados a través del sistema financiero, con la complicidad de un ejecutivo bancario que operaba desde la sede central en plena calle Agustinas.
Desde la cárcel de Bogotá, uno de los líderes del Tren de Aragua, Carlos “Bobby” Gómez, coordinaba extorsiones a locales comerciales en barrios como Bellavista, donde la banda llegó a apropiarse de al menos seis establecimientos.
El Tren de Aragua y la penetración del sistema financiero
—El allanamiento al Banco Santander reveló que el crimen organizado está penetrando la banca en Chile. ¿Qué tan profundo es este problema?
Yo creo que ya hace un tiempo que el crimen organizado ha ingresado en nuestro país. No solo en el control territorial, sino también con el lavado de activos. Todo lo que produce la droga, el crimen organizado, las extorsiones, tiene que llegar en algún minuto a alguna parte del sistema financiero.
En algunos casos, los fondos se dirigen hacia ciertas empresas que permiten transferir sumas de dinero al extranjero. En otros casos, como el que estamos viendo, al sistema financiero.
Esto no es casualidad; probablemente vamos a ver más casos como este en otras instituciones y en otra escala dentro del país.
Felipe Harboe por movimientos en Seguridad: «Es evidente que ha habido un error manifiesto»
Martes 02 Junio, 2026 | 21:00
—Estamos hablando de $78 mil millones solo en este caso. Los controles bancarios son estrictos para cualquier ciudadano común, pero aquí parece que no funcionaron. ¿Qué pasó?
Lo que pasó justamente en este caso particular es evidente: el ejecutivo tenía un rol de tener laxitud en los controles para permitir que el dinero que provenía de extorsiones y delitos ingresara al sistema financiero sin generar sospechas.
Es evidente que aquí hay un modelo de prevención de delitos que debe tener la institución. Y ese modelo de prevención de delito dice que ciertos cargos superiores deben adoptar medidas de prevención.
No sabemos si en este caso hubo alguna denuncia del propio banco. Eso lo vamos a ver con el correr del tiempo, pero evidentemente, aquí las instituciones financieras tienen que hacer un mayor control de sus ejecutivos.
—Esta plata se mandaba a Colombia y resulta que Carlos “Bobby” Gómez, líder del Tren de Aragua, manejaba todo esto desde la cárcel de Bogotá.
Es muy común. El crimen organizado opera desde las cárceles en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Por lo tanto, lo que tiene que ir ocurriendo es que nuestras instituciones se sofistiquen con una mayor capacidad tecnológica e inteligencia para evitar que ese tipo de relaciones esté condicionando determinados delitos en Chile.
Pensemos que hace un tiempo atrás hubo un secuestro que estaba siendo dirigido desde el extranjero. Entonces, la transnacionalidad del crimen organizado es una realidad.
—En el caso de esta banda, extorsionaban a locales en el barrio Bellavista y además se apropiaban de los locales por días.
Efectivamente. Y ese locatario no podía reclamar porque probablemente tenían amenazada a su familia, o porque lo mataban. El delito de extorsiones ha subido más de un 1.000%. En un informe que hicimos en el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, pudimos constatar esto, porque es una forma de cobrar impuestos a cambio de, entre comillas, seguridad. Lo que no es otra cosa que no te mato si me pagas.
Control territorial y penetración institucional
—¿El Tren de Aragua o el crimen organizado ya está asentado en los barrios?
Yo creo que el crimen organizado ya pasó la segunda etapa, que era la de copamiento territorial. Por eso en el 2023 vimos un peak de homicidios, que probablemente fue el momento en que empezaron a someter a las bandas locales. Luego de eso, yo creo que iniciaron un sistema de control territorial.
Ha habido buenas noticias en investigaciones penales que han desarticulado ciertas células del Tren de Aragua; eso es importante. Eso ha significado que determinados miembros del Tren de Aragua o de otros clanes hayan dicho: En Chile empieza a funcionar el sistema, mejor vámonos. Pero en otros lados está enquistado a nivel territorial.
Y la tercera etapa es la penetración institucional, que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema financiero. En otros casos, con las policías, con los fiscales, con los jueces o con la política. Entonces, por eso Chile tiene que estar muy alerta y adoptar medidas de prevención y detección de la penetración del crimen organizado en sus diversos niveles y esferas de poder.
—Ha bajado el número de homicidios. ¿Esa disminución se debe a las medidas que ha adoptado la policía o a que ya hay control territorial del crimen organizado?
No podemos saberlo. Si alguien me dice: estamos mucho mejor que el año pasado porque tenemos menos homicidios, cuando en una semana tenemos diez delitos de este tipo, no es una buena noticia.
Y efectivamente puede estar produciéndose porque ya se ha sometido a ciertas bandas locales, y por lo tanto, los ajustes de cuentas disminuyeron.
—El 55% de los secuestros ocurridos en 2026 en Santiago son cometidos por venezolanos. El 43% por chilenos. ¿Esto significa que aquí hay un problema con venezolanos?
Claramente aquí hay un problema. Primero, el secuestro extorsivo es una práctica común en otros países de Latinoamérica y Centroamérica. En Chile, el secuestro extorsivo todavía está relacionado con secuestros entre bandas criminales, aunque hay excepciones.
Efectivamente, comienza a verse un modus operandi distinto que sale de la esfera del crimen organizado. Pero la participación de extranjeros es determinante. Porque este es un modus operandi muy común en Venezuela, en Centroamérica, en Guatemala. En consecuencia, es una importación criminal.
El único problema es que los delincuentes chilenos han aprendido técnicas. Y el delincuente chileno tenía una particularidad positiva: la proporción entre el daño causado y el bien obtenido. La importación latinoamericana hace que por $5 mil o menos, a usted le pueden disparar en la cabeza.
Entonces, este viejo dicho que uno siempre recomienda a los que más quiere: si le asaltan, entregue todo, porque así no le pasa nada, no es garantía hoy día. Y eso explica los altos niveles de temor que tenemos en Chile.
—¿Qué porcentaje de homicidios en Chile son aclarados y sus autores condenados?
Antes más del 98% de los homicidios eran aclarados. Porque había una relación en general directa entre víctima y victimario. Lamentablemente, con la llegada del crimen organizado, baja esa relación por el sicariato. Ya no hay relación entre la víctima y su victimario, porque este último está contratado para eso.
Hoy día, en cerca de un 68% de los homicidios hay una cierta relación entre víctima y victimario. Y en consecuencia, hay un 32% donde no hay relación alguna. Y respecto de esos casos, la tasa de resolución es baja. Ha disminuido considerablemente. Hoy día estamos hablando de un 65% a 70% de capacidad de resolución del homicidio. Lo que revela que tenemos cerca de un 30% de impunidad por incapacidad del sistema investigativo de identificar al victimario. Y eso es un problema, porque cuando el homicidio tiene una franja de impunidad muy alta, se transforma en un buen negocio.
Crisis en el Ministerio de Seguridad
—A menos de tres meses de gobierno, el Ministerio de Seguridad está prácticamente descabezado. Echaron a Trinidad Steinert como ministra, echaron a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. ¿Qué pasó?
Yo creo que es evidente que ha habido un error manifiesto de parte de las esferas de poder presidencial. El presidente reconoce que la persona que puso a cargo del Ministerio no era la adecuada para dirigir una cartera tan importante.
Han pasado poco menos de dos meses y el Presidente recurre a su comodín, que es una persona muy aplicada, muy metódica, muy trabajadora, como Martín Arrau. Que estaba instalado en el Ministerio de Obras Públicas y con una gestión bastante visible. Y a ese comodín lo pone en el ministerio más difícil, dada la expectativa, que es el de Seguridad.
Evidentemente, lo que hace Martín Arrau es lo que hace cualquier gerente. Evalúa el equipo, probablemente consideró que no le servían para el trámite o el plan que está trabajando, la estrategia, y por tanto tomó la decisión de hacer cambio en el equipo.
Todos pensamos, y lo digo como ciudadano, que habiendo sido este un tema gravitante durante la campaña, aquí había una preparación muy robusta, incluso con autoridades. Y quedó manifiesto que eso no existía.
—¿Nos mintieron?
La gente comienza a exigir que se cumpla lo que se prometió en campaña. Creo que el presidente José Antonio Kast se dio cuenta de que esto no iba bien y, por tanto, dice prefiero pagar el costo antes de sentar este cambio y pone a un gestor a cargo del punto.
Ahora, yo veo con cierta esperanza un cambio de tono. Ahora lo que uno tiene que preguntarse es cuál es la política criminal y qué se va a controlar.
—No hay plan concreto todavía. El ministro Martín Arrau en el Congreso prácticamente repitió lo de la Cuenta Pública. ¿Qué está pasando?
Me da la impresión de que el ministro está armando sus equipos. Porque cuando él dice que valida la política nacional de seguridad ciudadana hecha por el presidente Gabriel Boric, lo que está diciendo es que efectivamente la actualización que se hizo es correcta.
Las políticas son documentos generales de visión. Ahora, esa política tiene que llegar a acciones concretas y una estrategia en la que se responda dónde se pondrá el énfasis.
—¿Hay algo del desafío 90 que prometieron en campaña?
Lo que está pasando es que la diferencia entre lo que se dice en campaña y lo que se ejecuta, comienza a ser cuestionada. Y es legítimo que así sea. Se hizo de la seguridad un elemento determinante de la campaña, y se le advirtió que algunas medidas no eran realizables o que eran contraproducentes.
Voy a plantear un tema que los senadores van a estar sometidos en los próximos días a votar. Esta idea de poner como delito el ingreso irregular. ¿Qué es la expulsión? Un acto administrativo que depende de la autoridad de gobierno.
Si usted lo tipifica como delito, esa gente deja de ser sujeto de expulsión. Lo agarra el Ministerio Público porque es un infractor de ley penal y lo pasa a los jueces. Y hay que esperar una condena para expulsarlo.
Entonces la pregunta: ¿por qué se insiste en una medida que va en contra de lo que ellos mismos plantearon? Y me da la impresión, insisto, de que el presidente Kast pone a su comodín, Martín Arrau, para que ordene esto.
—Prometieron una cárcel de alta seguridad. Ahora ya no existe ese plan. Va a haber 20.000 nuevas plazas cuando la promesa inicial eran 100.000.
Yo creo que es lo más parecido a entender cómo se gobierna. Lamentablemente, yo creo que los candidatos y candidatas debieran tener cierta experiencia de gobierno para saber realmente lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer.
Uno escucha con cierta preocupación algunos debates legislativos que se producen. Uno dice: ‘Pero si este legislador jamás ha estado en el gobierno, no sabe cómo se gobierna, está diciendo algo que no corresponde’. Es mucho más fácil ser candidato o candidata que gobernar.
—¿Habrías nombrado a Trinidad Steinert como ministra?
Ella tuvo un rol como fiscal importante. Pero ojo, poner un fiscal o poner un expolicía a cargo de la seguridad del país es no entender que la seguridad es mucho más que ser un operador del sistema. La seguridad tiene que ver con estrategia, con visión, con prevención social situacional, con control, con coordinar a la institucionalidad. Eso es la seguridad.
—Ana Victoria Quintana, la subsecretaria de Prevención del Delito que echaron, era exfiscal y había defendido a una testaferra de una banda dedicada al robo.
Es un despropósito nombrar a una exfiscal como encargada de prevención del delito. Los fiscales conocen del delito cuando se comete, no previenen.
Esto ocurre muchas veces cuando los partidos presionan por poner gente que no tiene ninguna capacidad, entonces también hay un problema ahí del equipo político de decir: mire, ¿sabe qué? Estoy dispuesto a ceder ante un, entre comillas, cuoteo político, sacrificando la capacidad. Pero en materia de seguridad eso no puede ocurrir.
Desafíos operativos y expectativas
—El presidente anunció siete fuerzas de tarea. Para fronteras, puertos, secuestros, sicariatos, ciberdelitos, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y violencia en la macrozona sur. ¿Funcionará?
Ojalá que sea verdad. A mí me gustan las fuerzas de tarea. Porque por lo menos a nosotros nos dieron resultado cuando lográbamos instalar un trabajo interinstitucional. Porque el delito tiene muchas aristas, particularmente el crimen organizado, y por eso me parece bien que haya un equipo integrado.
La labor del ministro de Seguridad probablemente primero va a ser intervenir esas instituciones. O, por lo menos, coordinarlas en un trabajo ordenado, con metas medibles, y hacerse cargo de la posibilidad de que esas instituciones puedan ser permeadas.
—¿Sirve de algo toda esta superorganización cuando Carabineros no atiende el 133?
Es un problema. Te voy a dar un dato: la diferencia en el tratamiento penal de un delito, cuando la policía llega a tomar la denuncia, o sea, ya pasó el delito, que cuando llegan y lo pillan en flagrancia, es sideral.
Cuando hay flagrancia, tiene alta probabilidad de condena. Cuando no hay flagrancia, hay casi nula probabilidad de condena. Entonces, en vez del 133, ¿por qué no tenemos 911? Un sistema de emergencia donde se coordine la oferta institucional. Los tiempos de respuesta son cada vez más determinantes.
—El Presidente dijo que iba a aumentar la flagrancia de 12 a 24 horas.
Es un subsidio a la incapacidad de reacción.
—Hay overoles blancos tirando bombas, lo que es un delito. Y no hay ni siquiera un detenido en pleno centro de Santiago, a la vista de Carabineros.
Los overoles blancos llevan años. Entonces la pregunta es: ¿por qué no ha habido un sistema de inteligencia? Uno que los detenga. Y adicionalmente, cuando empiezan a preparar las cosas, tiene que haber una fuerza de tarea de reacción inmediata. No esperar que tiren las bombas molotov, se vayan, se escondan, se saquen el traje.
Ahí uno echa de menos la capacidad de reacción del sistema. Porque si no, la sensación que queda es que no pasa nada.
—¿Hay esperanza con Kast en seguridad?
Yo quiero tener esperanza. Un acto de fe. Porque además creo que si Chile no garantiza niveles de seguridad aceptables, vamos a condicionar las libertades de las personas. Y adicionalmente, Chile va a seguir siendo sindicado como un país inseguro para recibir inversiones, para vivir. Y eso es muy malo.
Entonces, ojalá que les vaya bien. Lo mismo le dije a la ministra del Interior del presidente Boric en su oportunidad, y lo repito hoy día.
