La salida judicial no cerró las complicaciones. Claudio Orrego consiguió lo que en términos penales equivale a un cierre total: el sobreseimiento definitivo en la arista del caso ProCultura. El Ministerio Público no logró sostener imputaciones en su contra y, además, fue condenado en costas, dejando al gobernador metropolitano de Santiago fuera de cualquier responsabilidad criminal.
Pero ese desenlace no implica un punto final. En paralelo, y bajo un estándar distinto, es decir, administrativo y no penal, la Contraloría General de la República avanzó en su propia investigación sobre el uso de recursos públicos en el Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM). Y ahí, el escenario cambia.
El contenido del informe final N° 873 de 2024 ya era conocido: contrataciones directas sin respaldo suficiente, uso de redes sociales personales para fines institucionales, exposición reiterada de la imagen del gobernador en periodo electoral y asesorías (coaching) que abordaron materias ajenas a la función pública.
Lo que no se conocía era el paso siguiente.
Orrego es sobreseído definitivamente en caso ProCultura y Fiscalía deberá pagar las costas
Martes 02 Junio, 2026 | 12:23
Tras ese informe, el propio Orrego —a través de su defensa— presentó un escrito solicitando la reconsideración de las observaciones. Un intento por revertir o, al menos, debilitar los cuestionamientos del órgano contralor.
Pese a que ese recurso, según antecedentes del proceso, se encontraba fuera del marco técnico habitual, la Contraloría resolvió igualmente pronunciarse.
Y lo hizo sin matices. El organismo no solo rechazó la solicitud, sino que ratificó íntegramente cada uno de los puntos observados en la auditoría. En términos formales, resolvió “mantener lo observado y las acciones requeridas”, descartando todos los argumentos del Gobierno Regional.
Ese punto es el eje del caso, porque es una resolución que confirma —tras revisar los descargos del propio Orrego— que las irregularidades detectadas no fueron desvirtuadas.
Y ese antecedente es el que hoy queda sobre la mesa del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde consejeros regionales de Chile Vamos y del Partido Republicano buscan su eventual destitución por notable abandono de deberes.
Vale la pena mencionar que la Fiscalía Oriente resolvió no perseverar en la investigación de los ítems que objetó Contraloría.
Contrataciones directas bajo cuestionamiento
Uno de los ejes centrales del informe apunta a contrataciones realizadas mediante trato directo por más de $51 millones. Al respecto, la Contraloría detectó que no existían antecedentes suficientes para justificar la inexistencia de otros proveedores, condición esencial para utilizar este mecanismo excepcional.
“El monto de la contratación es superior al límite (…) por lo cual correspondió mantener la observación”, concluye el organismo. Pero también agregó que “no basta hacer referencia a la experiencia (…) sino que es necesario acreditar efectiva y documentadamente las razones”, señala el informe, rechazando de esa forma el argumento del GORE basado en confianza o trayectoria.
Redes sociales: uso de plataformas personales
Otro de los puntos críticos es el uso de redes sociales personales para difundir actividades institucionales. La fiscalización detectó que el contenido oficial del GORE era publicado inicialmente en cuentas personales de autoridades —incluido el propio Orrego— y luego replicado en canales institucionales.
La conclusión es categórica en la respuesta de Contraloría, al indicar que la práctica “no se ajusta al criterio” vigente.
En cifras, de 42 publicaciones revisadas, 32 correspondían a réplicas desde cuentas personales, muchas de ellas posteriores a la entrada en vigencia de la normativa que prohíbe esa vinculación.
Imagen institucional y periodo electoral
El informe también cuestionó la exposición reiterada del nombre e imagen del gobernador en comunicaciones oficiales. La Contraloría advierte que esta práctica, especialmente en contexto electoral, puede vulnerar el principio de probidad.
“No corresponde que se incorpore (…) la imagen del gobernador (…) toda vez que ello podría significar una infracción (…) en beneficio personal”, sostiene el documento. El análisis detectó que Orrego aparece de forma destacada en 21 de 28 imágenes revisadas, configurando una reiteración incompatible con el marco normativo.
Menciones durante campaña
Recordemos que la fiscalización también alcanzó el periodo en que Orrego se encontraba en campaña. Durante ese tiempo, el gobernador subrogante realizó menciones reiteradas a su nombre en actividades institucionales.
La defensa fue descartada: “No permiten justificar (…) menciones expresas y reiteradas (…) durante el periodo en que (…) se encontraba de candidato”, concluye la Contraloría.
Asesorías y coaching: foco en campaña
El capítulo más sensible se concentra en asesorías contratadas por el GORE, particularmente sesiones de coaching directivo.
La Contraloría revisó minutas de estas instancias y concluyó que, en al menos 16 de ellas, se abordaron temas vinculados a campaña electoral y contingencia política.
“Se analizaron materias relacionadas con la campaña electoral (…) lo que se aleja de lo establecido”, indica el informe.
Entre los ejemplos, se identifican referencias a encuestas y posicionamiento político, contenidos que —según el órgano fiscalizador— no guardan relación con la gestión institucional.
No logró revertir criterio de Contraloría
El elemento que atraviesa todo el documento es uno: ninguna de las explicaciones entregadas por el GORE logró revertir las observaciones. Y eso incluye el intento formal del propio Orrego por dejar sin efecto el informe.
La Contraloría no solo mantuvo sus conclusiones, sino que las reafirmó expresamente tras revisar su defensa, algo que ahora tendrán que revisar en el Tricel, situación que debería ser vista en los próximos meses.
