En un trágico suceso ocurrido en Punta Arenas, región de Magallanes, un hombre identificado como Jaime Andrés Trujillo Hidalgo ha sido puesto en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos graves que incluyen secuestro, femicidio frustrado, daños simples y cultivo ilegal de cannabis sativa. La situación se desencadenó a raíz de una violenta agresión perpetrada contra su pareja, una mujer de 27 años, quien logró escapar de su captor mientras este dormía, gracias a la ayuda de vecinos que acudieron al escuchar sus gritos.
Los hechos se desencadenaron en un domicilio ubicado en la calle José Victorino Lastarria, donde Trujillo Hidalgo habría destruido el teléfono de la mujer, la agredió físicamente e intentó estrangularla con un cordón, para luego maniatarla y retenerla contra su voluntad durante toda la noche. Afortunadamente, la valiente víctima pudo liberarse cuando su agresor quedó dormido, logrando pedir auxilio a los vecinos, quienes alertaron a las autoridades.
La investigación a cargo del OS9 y el Labocar de Carabineros resultó en el hallazgo de elementos clave en el caso, como las cuerdas utilizadas para mantener cautiva a la mujer, un arma blanca y un sistema de cultivo indoor con diez plantas de cannabis en crecimiento. Estas pruebas serán fundamentales para esclarecer la dinámica de los hechos en un caso que ha impactado a la opinión pública debido a la gravedad de los delitos cometidos.
El imputado ya tenía antecedentes policiales previos, y días antes de su detención estuvo involucrado en otro incidente al colisionar su vehículo contra el portón del Centro Penitenciario de Punta Arenas bajo los efectos de sustancias. A pesar de esto, no se tenían indicios que permitieran anticipar el posterior ataque contra su pareja.
En un gesto de apoyo a la víctima, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) ha activado medidas de protección que incluyen asistencia jurídica y apoyo psicosocial. Mientras tanto, la defensa del acusado argumentó que las plantas de cannabis eran para consumo personal, aunque el tribunal decidió no considerar esta argumentación y decretó la prisión preventiva al considerar al acusado como un peligro para la seguridad de la víctima.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas ha establecido un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación de este caso que ha conmocionado a la comunidad local.
