Richard Concepción Carhuancho es un reconocido juez en Perú. Su nombre ganó notoriedad cuando envió a prisión a diferentes figuras de la política, como el expresidente Ollanta Humala, la actual candidata presidencial Keiko Fujimori, entre otros. Sin embargo, por estos días su situación ha vuelto a ser tema de debate por una investigación que parece anecdótica, pero que tendría intereses políticos detrás, según abogados citados en esta nota.
El magistrado Carhuancho es investigado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano que nombra y evalúa a los jueces en el Perú. Se le acusa de afectar la imagen del Poder Judicial al haber participado en episodios particulares como cantar una canción en un evento académico y dictar clases en un instituto. Además, por haber usado una imagen de un investigado en una ponencia.
Juan Monroy Gálvez, abogado del juez, sostuvo que no existe una norma legal que justifique este proceso y no amerita ni siquiera el inicio de una investigación. En una entrevista con BioBioChile, señaló que esta acusación tendría otras motivaciones coyunturales por parte de quienes ejercen el poder en la política peruana.
“Creo que ocurre porque en el escenario nacional un sector de la judicatura, como un sector del Ministerio Público, son el único límite que le está apareciendo a un poder central, que realiza una cantidad de actos como mínimo discutibles, si no deplorables en el ejercicio del poder, sea por parte del Congreso o sea por parte del Gobierno Central”, aseguró.
Posible suspensión
El proceso podría derivar en una medida cautelar de suspensión por seis meses para Carhuancho, aunque su abogado fue enfático en señalar que no hay razón jurídica, sino más bien política.
“Lo que hay es una necesidad de hacerles saber a los jueces y fiscales que no quieren estar al servicio del poder oculto, que aquí hay una organización detrás y esa organización sabe cómo actuar con los disidentes. Eso es todo. Esto no tiene una explicación jurídica, no es posible. A mí me costó mucho darle contexto jurídico”, dijo.
“Yo creo que lo que hay es una organización que está ahora en Palacio de Gobierno, en el Congreso, en algunos diarios, en realidad, son voceros de esta situación. Ese es el panorama total”, añadió.
Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, también mostró su sorpresa e indignación por la investigación contra el referido juez.
“¿Qué delito está cometiendo o qué falta grave? No existe, no hay falta grave. O sea, hacer docencia, perdón, pero ya es el mundo de la locura. No entiendo, ya no sé cómo explicarlo”, declaró en el canal de YouTube del diario La República, en referencia al motivo que podría terminar en una sanción, que es haber dado una charla en un instituto.
Los cambios que podrían ocurrir en la relación Chile-Perú si gana Keiko Fujimori o Roberto Sánchez
Domingo 24 Mayo, 2026 | 07:15
Argumentos de defensa
El abogado Juan Monroy sustentó en una audiencia pública, la semana pasada, la defensa del juez ante la Junta Nacional de Justicia, en el marco del pedido de suspensión provisional. En su exposición, lanzó varios argumentos rechazando que se le acuse a su cliente por cantar en un evento público y por dictar clases en un centro de estudios no universitarios:
“El numeral 13 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial autoriza a dar conferencias a título personal y no restringe ni especifica el tipo de institución, por otro lado, tampoco hay una práctica sancionadora que prohíba charlas en institutos que no son universitarios”.
“El numeral 17 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial dice que un juez debe expresar permanentemente conducta intachable… Vaya uno a saber con qué se puede llenar la categoría conducta intachable”.
“La actividad artística es una esfera personal de cada uno de nosotros y está protegida por la libertad de expresión”.
“¿En dónde está el enunciado normativo que regula que un juez que participe no exponiendo, sino cantando, es incompatible con su función jurisdiccional? No la hay y si no la hay, no puede haber sanción”.
En el Perú, los juristas y comentaristas que se han pronunciado públicamente parecen estar a favor de la defensa del juez Concepción. César Nakasaki, conocido abogado y crítico de las decisiones del juez, se mostró de acuerdo en que el procedimiento sancionador iniciado por la JNJ carece de fundamento.
“Como es de público conocimiento, discrepo con la mayoría de decisiones del juez Concepción; su mayor problema es la falta de garantía de juez imparcial. Sin embargo, la solución no se logra afectando la garantía de juez independiente que prohíbe sancionar al juez por hechos ajenos a la función jurisdiccional. La JNJ no puede calificar como agravio a la imagen de un juez el participar en el evento cultural más importante que se ha realizado en la comunidad jurídica del Perú que organizó LP”, escribió en su cuenta de la red social X.
Harvey Colchado, ex coronel de la Policía Nacional y diputado electo en las últimas elecciones generales, también se pronunció en X por la medida cautelar contra el magistrado. “Lo que viene pasando con el juez Richard Concepción Carhuancho no es un hecho aislado. Todo obedece a los tentáculos de la corrupción que busca expulsar del sistema de justicia a los funcionarios independientes o que no son serviles”, remarcó.
“El mensaje es peligrosísimo: aquel funcionario que investiga, incomoda o no se somete, termina perseguido, sancionado o fuera del camino”, agregó.
¿Represalia política?
De acuerdo con las opiniones citadas, el tema de fondo parece estar no solo en la Junta Nacional de Justicia, sino en quienes controlan el poder político en el Perú en este momento: el Congreso de la República, que respalda al órgano de control de jueces.
“La ‘Junta Nacional de Injusticia’ no está actuando jurídicamente. Está haciendo el mayor esfuerzo, se está luciendo con sus inconstitucionalidades, con sus ilegalidades, atropellando su propia ley orgánica, atropellando su propio reglamento procedimental de procedimientos administrativos disciplinarios; ellos no lo cumplen, lo avasallan, lo ponen a un lado cuando les conviene. Todo eso avalado por el Congreso, que ya está terminando”, sostuvo Delia Espinoza sobre la presunta influencia política en la JNJ.
La abogada y periodista Rosa María Palacios fue más allá y dejó entrever que uno de los actores detrás de estas medidas sería la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuya bancada preside el Congreso de la República.
“La Junta Nacional de Justicia lo quiere botar (al juez) por haber cantado una canción en un evento. Yo creo que más afecta la imagen del sistema de justicia tener a un miembro de la JNJ condenado por maltrato familiar. Pero a Richard Concepción Carhuancho ¿quién se la tiene jurada? Keiko Fujimori, ¿quién puso en la cárcel a Keiko Fujimori? Richard Concepción Carhuancho. ¿Ustedes creen que eso no iba a ser vengado?”, apuntó en su programa de YouTube Sin Guion.
Más allá del desenlace de este proceso contra Concepción Carhuancho, el caso ha abierto un debate sobre el control disciplinario y la independencia de los jueces, así como sobre el papel que desempeñan las instituciones encargadas del control, como la JNJ, en un contexto de polarización política que vive el Perú.
