En medio de un complicado panorama económico y la llamada a la moderación del gasto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, el Poder Judicial tiene como objetivo modernizar su flota de vehículos. Según información de la Unidad de Investigación de BioBioChile, la Corporación Administrativa de la institución está trabajando en una reasignación de 615 millones de pesos en colaboración con la Dirección de Presupuestos.
La intención es reemplazar 22 vehículos que actualmente se encuentran en un estado crítico, dado que fueron fabricados entre los años 2012 y 2015, acumulando hasta 14 años de antigüedad. Esta primera fase de renovación se centrará en satisfacer las necesidades de los presidentes de las 17 Cortes de Apelaciones a nivel nacional, para luego continuar con la modernización del resto de la flota en los próximos años.
La decisión ha generado debate en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Mientras que el diputado Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social, ha expresado su apertura a la renovación de los vehículos por motivos de seguridad, ha enfatizado que estos deben ser vehículos estándar y sin lujos. Por otro lado, el diputado Luis Sánchez del partido republicano ha criticado la solicitud calificándola de excesiva y mal planificada.
La diputada Lorena Fries, del Frente Amplio, reconoce las malas condiciones de los automóviles actuales, pero cuestiona la viabilidad de la renovación en un contexto de estrechez fiscal. Este proceso de actualización de la flota automotriz del Poder Judicial revive los recuerdos del escándalo del 2024, cuando un intento fallido de adquirir vehículos de alta gama para los ministros de la Corte Suprema desató una gran controversia y resultó en la destitución de dos altos directivos de la Corporación Administrativa tras una investigación interna.
