La Corte Suprema emitió un fallo condenatorio contra un individuo que se hacía pasar por abogado y su cómplice, luego de descubrir que intentaron estafar a la Corporación Educación Domingo Parra de Concepción. Este falso abogado, identificado como Rodrigo Amilcar, fue contratado bajo la falsa pretensión de ser un profesional del derecho por el abogado de la corporación, Remberto Valdés. Una vez revelada la farsa, Amilcar fue despedido y se asoció con el contador Moisés Fernández para idear un plan fraudulento con el objetivo de obtener subvenciones millonarias de manera engañosa.
La estrategia de los acusados consistió en falsificar actas de la dirección de la corporación educacional para acceder a financiamiento bancario y a organismos como las Seremías y la Superintendencia de Educación, con el fin de obtener subvenciones escolares de forma fraudulenta y evadir sus obligaciones financieras con los educadores de la corporación. Tras ser acusados, Amilcar y Fernández fueron llevados a juicio y el Tribunal Oral de Concepción confirmó la ilegalidad en el ejercicio de la profesión de abogado y el uso malicioso de documentos privados, condenándolos a penas de entre 21 y 540 días de cárcel.
El abogado querellante destacó la contundencia de los fallos unánimes tanto del Tribunal Oral como de la Corte Suprema, que señalaron a ambos acusados como coautores de delitos contra la corporación educativa. Ambos individuos, abusando de la confianza ganada y mintiendo acerca de su condición de abogado, intentaron estafar a niños y personas vulnerables por cientos de millones de pesos. Las artimañas de los acusados buscaban retener subvenciones estatales por más de $320 millones, lo que resultó en un retraso en el pago de salarios a aproximadamente 280 trabajadores del ámbito educativo.
