Siete meses atrás, Diego Simpertigue figuraba como una figura destacada en los tribunales del país, pero hoy, su situación es otra. Actualmente jubilado, se enfrenta a una millonaria deuda con la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), la cual ha accedido a fraccionar los pagos dada su situación financiera actual. Según un documento del Poder Judicial al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, Simpertigue debe reintegrar más de $13 millones a la CAPJ, correspondientes a sueldos adelantados aún después de ser destituido de la magistratura por el Senado.
El Consejo Superior de la CAPJ, compuesto por autoridades del máximo tribunal, discutió en una sesión la propuesta de reintegro en cuotas mensuales presentada por Simpertigue, cuya destitución fue acordada por el Congreso Nacional. La propuesta contemplaba el reintegro de remuneraciones indebidas pagadas antes de su destitución. La CAPJ calculó que debía reintegrar $13.543.000 a Simpertigue y acordó con él un plan de pago en 24 cuotas mensuales, correspondientes al 69,8% de su jubilación.
Además de la deuda con la CAPJ, Simpertigue posee un patrimonio que incluye cuatro bienes raíces valuados en $191 millones, según su reporte comercial. Además, mantiene una relación de hecho con Gilda Miranda, titular de la Segunda Notaría de Lampa. Simpertigue se encuentra actualmente bajo investigación en una causa dirigida por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, centrada en analizar sus movimientos bancarios y migratorios.
A pesar de los intentos de la Unidad de Investigación de Bío Bío por obtener una respuesta de Simpertigue para este artículo, no se ha recibido ninguna comunicación del exministro hasta el cierre de esta edición.
