Patricio Zapata y la acusación constitucional contra Grau: "El castigo político ya ocurrió"

La próxima semana comenzará formalmente el trabajo de la comisión revisora que analizará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero mientras los partidos impulsores afinan sus respaldos políticos, la defensa ya comenzó a desplegar sus primeras señales.

Y una de ellas tiene nombre conocido.

Patricio Zapata, abogado constitucionalista, exintegrante del proceso constituyente y con experiencia en acusaciones constitucionales, asumió la representación jurídica del exsecretario de Estado. No es la primera vez que lo hace. Antes defendió a Yasna Provoste y Carmen Castillo, y también se opuso públicamente a acusaciones impulsadas contra Harald Beyer, Marcela Cubillos, Rodrigo Hinzpeter y Emilio Santelices.

Su diagnóstico es claro: el problema no es solo esta acusación.

El precedente que preocupa

Para Zapata, detrás del libelo existe una discusión más profunda sobre los límites de la acusación constitucional.

Según plantea, existe una tendencia creciente a utilizar una herramienta excepcional para resolver diferencias políticas o técnicas que deberían abordarse por otras vías institucionales.

“Creo que hemos tenido como país en los últimos diez años un enorme número de acusaciones constitucionales y casi todas ellas han terminado siendo desestimadas”, afirma.

A su juicio, el riesgo es abrir un precedente que termine alcanzando a futuros gobiernos.

“¿Cómo se van a oponer si otro grupo de diputados decide acusar a otro ministro de Hacienda porque sus estimaciones no resultan convincentes o porque son inconsistentes con otras proyecciones?”, se pregunta el abogado.

“El castigo político ya ocurrió”

Uno de los puntos que más cuestiona la defensa apunta a la acusación de que Grau habría “maquillado” las cifras fiscales.

Aunque reconoce que la frase ha sido utilizada por algunos parlamentarios que respaldan el libelo, advierte que esa acusación no aparece en el texto formal.

Por el contrario, sostiene que la discusión de fondo se relaciona con proyecciones económicas sobre variables futuras y no con una alteración deliberada de datos.

“Aquí no hay nada de eso. Aquí hay una discusión sobre los supuestos bajo los cuales se proyecta el futuro”, asegura.

Y agrega una tesis que probablemente será central durante la tramitación: que el juicio político ya fue realizado por los ciudadanos.

“Tuvimos alternancia. La opinión pública no reeligió a la coalición que gobernaba y eligió una nueva coalición. El castigo político ocurrió”, sostiene.

Por eso, insiste en que una acusación constitucional requiere acreditar una vulneración concreta a la Constitución o a la ley y no simplemente demostrar que existieron diferencias respecto de determinadas estimaciones económicas.

La apuesta de la defensa de Grau

Mientras la comisión revisora comienza a definir su calendario de trabajo, Zapata adelanta que buscarán responder rápidamente al libelo.

La idea es presentar la contestación antes de que expire el plazo legal y concentrar la discusión en el plano constitucional más que en la disputa política.

“El tono que vamos a usar va a ser jurídico, tranquilo, muy respetuoso y sin descalificar a nadie”, adelanta.

Una estrategia que también busca reforzar otro de los mensajes que el abogado ha repetido durante los últimos días: que una acusación constitucional no puede transformarse en una herramienta para resolver desacuerdos sobre proyecciones económicas.

Porque, según advierte, si eso ocurre, el precedente podría terminar alcanzando a cualquier ministro de Hacienda que venga después.