A pocos días de que el Ministerio del Trabajo ingrese indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, las diputadas del Partido Republicano, Paz Charpentier, Javiera Rodríguez y Stephanie Jéldrez se reunieron y entregaron una serie de propuestas al subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, a fin de perfeccionar la tramitación de la iniciativa que actualmente se encuentra en discusión en el Senado.
Entre las medidas presentadas este miércoles, plantearon reconocer las labores de cuidado realizadas por madres y otros integrantes de la familia; ampliar la oferta de salas cuna mediante prestadores públicos y privados; asegurar que el beneficio acompañe al niño en el establecimiento que elijan sus padres; evitar que el Estado limite las decisiones de las familias respecto de su desarrollo y descartar el nuevo impuesto al trabajo contemplado en la propuesta original.
Al respecto, Charpentier señaló que el objetivo de estas propuestas es terminar con la idea de que “el único cuidado válido o financiable es el que se da en una institución y que el beneficio económico también pueda entregarse a quienes ejercen labores de cuidado dentro del entorno familiar”.
Asimismo, sostuvo que el proyecto debiera incluir a las madres que optan por permanecer en el hogar, “respetando la libertad de cada familia de organizar su vida familiar sin que el Estado condicione el apoyo público a la asistencia obligatoria a una sala cuna”.
“Además, el proyecto de ley no debería castigar a las salas cuna privadas, porque ello reduce las vacantes disponibles. Por ello, proponemos que el beneficio pueda utilizarse en cualquier sala cuna autorizada, ya sea pública o privada, para que sean los padres y no el Gobierno quienes decidan cuál es el mejor lugar para cuidar y educar a sus hijos”, afirmó.
Junto con ello, plantearon la necesidad de resguardar a las pymes frente a nuevos costos, reducir la burocracia para la apertura de centros de cuidado, incentivar a las empresas que apoyan a sus trabajadores, generar soluciones para las familias de zonas rurales y fortalecer el apoyo a quienes buscan una oportunidad laboral.
Por su parte, Jéldrez propuso que, en lugar de destinar recursos a estructuras burocráticas, se implemente un voucher portable asociado al niño y administrado por la familia, de manera que las salas cuna compitan por “entregar un mejor servicio y atraer a los apoderados”.
“Creemos que las familias deben tener el derecho de complementar voluntariamente el aporte del Estado con sus propios recursos si desean acceder a una sala cuna con características especiales o de mayor costo. Proponemos evitar que el sistema prohíba a los padres invertir más en el futuro de sus hijos”, subrayó.
En tanto, la diputada Rodríguez advirtió que la creación de un nuevo impuesto al trabajo de 0,3%, contemplado en el proyecto, “encarece la contratación formal y puede afectar especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores de menores ingresos”.
A ello agregó: “Cualquier aumento en las cotizaciones se debe compensar con un crédito fiscal para empleadores o trabajadores, según se defina, o que se utilicen los excedentes ya acumulados en el fondo de cesantía, para que ayudar a las familias no signifique destruir empleos ni castigar la formalidad laboral”.
Bajo esa misma línea, sostuvo que el proyecto no debería obligar a los empleadores a asumir con recursos propios la diferencia del beneficio, “ya que eso opera como un impuesto encubierto que las pymes no podrían resistir”.
“Por ello estimamos que el Estado debe cubrir el 100% del beneficio que se fije por niño y que dicho valor se actualice todos los años, para que no sean los emprendedores quienes terminen pagando la cuenta”, añadió.
Finalmente, el subsecretario Rosende reafirmó el compromiso del ministerio de presentar las indicaciones antes del 15 de junio y manifestó su intención de que el debate “sea con altura de miras” para “terminar con la discriminación que tenemos hace más de 100 años con las mujeres trabajadoras, en cuanto a entregar este beneficio tan necesario para su inserción laboral”.
