La Contraloría General de la República emitió una observación seria acerca de un contrato suscrito entre la Comisión Nacional de Riego (CNR) y la consultora Arrebol Ingeniería y Gestión del Agua SpA. La Contraloría determinó que la empresa estaba legalmente inhabilitada para realizar contratos con este organismo público. La relevancia del caso en la zona se destaca debido a que el representante de la consultora, Álvaro Isla, había sido coordinador de la Macro Región Zona Norte de la CNR antes de unirse al sector privado.
La auditoría realizada por la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago reveló que la CNR aprobó un contrato por un monto de $357.262.000 para el programa «Capacitación usuarios de agua en gestión del recurso hídrico regiones de Antofagasta y Atacama». Se estableció que el gerente general de la consultora, Álvaro Isla Figueroa, mantenía un vínculo matrimonial con una funcionaria de la CNR desde 2011, lo cual no cumplía con la normativa vigente.
La Ley N° 21.634 incorporó el artículo 35 quáter a la Ley de Compras Públicas N° 19.886, prohibiendo a los organismos del Estado celebrar contratos con sus funcionarios o sus familiares. La Contraloría determinó que Arrebol Ingeniería y Gestión del Agua SpA estaba impedida de contratar con la CNR. A pesar de esto, la CNR aprobó el contrato sin justificar una excepción a la prohibición legal.
La CNR admitió que la firma del contrato se realizó cuando ya estaba vigente la normativa, pero la consultora había presentado toda la documentación solicitada en las bases, incluyendo una declaración jurada que omitió información relevante. Tras las observaciones de la Contraloría, la CNR implementó medidas correctivas y reforzó los controles en los procesos de contratación pública.
La Contraloría mantuvo su observación y solicitó que los antecedentes sean parte del procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas. Los detalles recopilados se remitirán al Ministerio Público. La CNR afirmó estar recopilando información para abordar las observaciones y reparos contenidos en el informe de auditoría, comprometiéndose a colaborar en lo necesario.
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