La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha apelado la decisión de prisión preventiva ratificada el pasado jueves, solicitando en su lugar medidas cautelares menos restrictivas como el arresto domiciliario y el arraigo nacional. La abogada penal pública que la representa argumenta que esta resolución constituye un agravio, vulnerando los derechos de Vivanco al infringir principios internacionales de género, debido proceso y el principio de instrumentalidad de las medidas cautelares en el proceso penal.
La abogada Patricia Alvarado, defensora de Vivanco, busca revertir la prisión preventiva argumentando que existen otras medidas cautelares menos gravosas que podrían alcanzar el mismo propósito. Se sostiene que la prisión preventiva es una medida desproporcionada e innecesaria que afecta la libertad personal de la exmagistrada y causa perjuicios tanto a ella como a su hija recién nacida, perjuicios que solo pueden ser reparados mediante su modificación.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener la prisión preventiva de Vivanco el 4 de junio, al considerar que los antecedentes presentados en la audiencia no constituían elementos nuevos para cambiar su situación judicial. El fiscal adjunto de Los Lagos respaldó la decisión del tribunal argumentando que la libertad de Vivanco podría perjudicar la investigación, tal como fue planteado por el Ministerio Público durante la audiencia.
En respuesta, la defensora Patricia Alvarado cuestionó la fundamentación del fallo y aseguró que el tribunal no abordó uno de los puntos centrales de su presentación. Se argumentó que actualmente la exministra no representa un peligro que justifique mantenerla en prisión preventiva.
