El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, acompañado por la diputada Constanza Hube, entregaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat, un proyecto de resolución aprobado por la Corporación. Este proyecto solicita al Presidente de la República que instruya las medidas administrativas necesarias para revocar las pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales en el contexto de los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre de 2019, relacionados con el estallido social.
La propuesta surge a raíz de los informes de la Contraloría General de la República, que detectaron que muchos beneficiarios de estas pensiones tenían condenas y antecedentes por diversos delitos. Además, se observaron inconsistencias en los expedientes utilizados para asignar este beneficio.
Tras reunirse con Rabat, Alessandri explicó que el proyecto busca que el Gobierno pueda anular las pensiones de gracia de aquellas personas que recibieron este beneficio en el contexto del estallido social y que tienen antecedentes penales. Por su parte, la diputada Hube señaló que es injusto que personas con antecedentes penales reciban recursos estatales luego de participar en eventos relacionados con el estallido social.
El proyecto de resolución solicita al Ejecutivo revisar y revocar todas las pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales en el marco del estallido social. Además, busca fortalecer los mecanismos de evaluación y control para futuras asignaciones. Se destaca que las pensiones de gracia están destinadas a apoyar a personas en situaciones especiales de necesidad o mérito, y no a quienes tengan antecedentes por delitos graves.
