La resolución emitida este jueves y mediante la cual Carabineros dio de baja inmediata a seis funcionarios detenidos en Talca no solo identifica a los involucrados, sino que también detalla las faltas disciplinarias que, a juicio de la institución, hicieron incompatible su permanencia en las filas policiales.
En el documento, al que tuvo acceso Bío Bío, se detalla que la medida afecta al suboficial mayor Cristian Antonio Miranda Retamal, con más de 33 años de servicio; al teniente Víctor Sebastián Oñate Pinto; al sargento segundo Rodrigo Esteban Arriagada Sánchez; y a los cabos primeros Jorge Enrique Bascuñán Meneses, Sergio Andrés Alarcón Rodríguez y Leonardo Andrés Sáez Quiñones. Los funcionarios pertenecían a distintas unidades de Talca y Talca Oriente, en la región del Maule.
Todos fueron detenidos en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Talca por los delitos de robo con intimidación, robo en lugar habitado, asociación criminal y falsificación de instrumento público. Según la resolución, las diligencias fueron desarrolladas durante seis meses por personal de Asuntos Internos de Carabineros.
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Las faltas que Carabineros les atribuye
Aunque la responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia, la institución estimó que existían antecedentes suficientes para aplicar la sanción de baja por conducta mala con efectos inmediatos.
Entre los fundamentos, Carabineros sostiene que los funcionarios incumplieron sus deberes policiales y contribuyeron a la comisión de hechos delictivos, una circunstancia considerada agravante dentro de la normativa disciplinaria.
La resolución también les atribuye haber omitido informar conductas presuntamente ilícitas de las que habrían tomado conocimiento en razón de sus funciones, pese a existir obligaciones legales y reglamentarias que exigen denunciar este tipo de hechos.
“Atentatoria al decoro policial”
El documento agrega que las conductas investigadas constituyen una falta “atentatoria al decoro o dignidad policial” y que provocan un descrédito para la institución y un menoscabo para el servicio.
Asimismo, señala que el caso afecta la confianza pública en Carabineros y vulnera los principios de probidad administrativa que deben regir el actuar de los funcionarios policiales.
La resolución además recalca que los imputados habrían actuado manteniendo un “mismo dolo y plan común”, circunstancia que fue considerada para justificar la medida expulsiva.
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Un suboficial con derecho a retiro y cuatro funcionarios sin pensión
El documento revela además que el suboficial mayor Miranda Retamal, por superar los 20 años de servicio, conserva el derecho a solicitar pensión de retiro e indemnización de desahucio una vez materializada su desvinculación.
En cambio, el sargento Arriagada y los tres cabos primeros involucrados no cumplen con ese requisito, por lo que no podrán acceder a dicho beneficio previsional.
