La Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió una recomendación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para realizar ajustes normativos en el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas y en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado actualmente por el ministro Iván Poduje.
La FNE propuso estas modificaciones con el objetivo de proteger la libre competencia y mejorar la eficiencia en el sistema de contratación de obras públicas. Según el informe completo proporcionado, se sugiere que el Minvu elimine obstáculos, prevenga riesgos de colusión y optimice las obras públicas en respuesta a las alertas emitidas por diversas empresas constructoras.
La fiscalía identificó problemas en tres áreas fundamentales: empresas con el mismo propietario, subcontratación sin reglas claras y falta de mecanismos para resolver conflictos. Estos aspectos se relacionan directamente con la incertidumbre, retrasos y costos adicionales en la ejecución de proyectos, así como en la competitividad de las licitaciones.
En un informe presentado al TDLC a raíz de una solicitud de empresas constructoras, la FNE destacó que ciertos aspectos de las normativas vigentes podrían limitar la libre competencia. Se analizaron en particular la prohibición de inscribir simultáneamente empresas relacionadas en el Registro Nacional de Contratistas del Minvu, el régimen de subcontratación en obras contratadas por los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y los mecanismos de resolución de disputas durante la ejecución de dichos contratos.
En relación a la subcontratación, se señaló que la falta de una definición clara en la normativa del Minvu genera incertidumbre y heterogeneidad en su aplicación. Además, se observó que los distintos Serviu aplican criterios diversos en cuanto a los límites permitidos para subcontratar y las exigencias para los subcontratistas, lo que puede impactar la eficiencia en la ejecución de las obras.
La FNE recomendó acciones como establecer límites máximos de subcontratación, prohibir la subcontratación horizontal entre empresas del mismo registro y categoría, y restringir la posibilidad de que los subcontratistas subcontraten las labores asignadas. También se hizo hincapié en la necesidad de implementar mecanismos especializados de resolución de conflictos durante la ejecución de contratos de obras públicas para evitar incertidumbre, retrasos y costos adicionales. Estos mecanismos deben ser claros, transparentes, predecibles y contar con decisiones vinculantes.
