En una operación policial que abarcó tres regiones del país, cuatro gendarmes y un civil fueron enviados a prisión preventiva por presuntamente formar parte de una red criminal dedicada a introducir drogas y artículos prohibidos en recintos penitenciarios a cambio de dinero. Estos delitos se habrían llevado a cabo desde el año 2021 en Illapel, así como en las regiones Metropolitana y del Bío Bío de Chile.
Los acusados enfrentaron cargos en el Juzgado de Garantía de Illapel por asociación criminal, tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos en cárceles. La audiencia, que se prolongó por dos días, culminó con la decisión de la jueza Andrea Rojas Cortés de mantener a los imputados bajo arresto, argumentando que se trataba de una red criminal organizada que operaba desde el interior de un centro de detención, poniendo en riesgo la seguridad penitenciaria.
La magistrada consideró que los acusados enfrentaban penas severas y representaban un peligro para la sociedad al actuar en grupo a través de sus funciones públicas. Otros implicados en el caso recibieron medidas cautelares menos restrictivas, como arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con los coimputados.
La investigación del Ministerio Público reveló que la organización operó desde Illapel, extendiéndose a otras comunas de las regiones Metropolitana y del Bío Bío. Cinco miembros de Gendarmería, civiles e internos formaban parte de esta red, cuyo propósito era introducir drogas y dispositivos prohibidos en el centro penitenciario local para su distribución entre los reclusos a cambio de dinero, generando ganancias millonarias que blanqueaban a través de transacciones bancarias.
El tribunal estableció un plazo de 120 días para la investigación del caso, que involucra a múltiples acusados en una red criminal de tráfico y corrupción que operaba en diversas regiones de Chile.
