La solicitud de la Fiscalía fue acogida por la justicia en el caso Puerto Coronel, lo que resultó en la separación de las causas tras la ampliación de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. En esta ampliación se acusa a la empresa portuaria de soborno, en relación a los presuntos pagos recibidos por el alcalde Boris Chamorro y el concejal de ese entonces, Eduardo Araya.
La empresa portuaria, en su calidad de persona jurídica, ha sido imputada en el caso, lo que la sitúa como acusada en la investigación, y no solo como víctima. Cabe recordar que la empresa había iniciado la causa como querellante, pero sus derechos en este rol han sido suspendidos de acuerdo a las decisiones del Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones de Concepción.
A pesar de que la compañía presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema buscando revocar la sentencia y recuperar sus derechos como querellante, el tribunal de primera instancia ha decidido separar las causas a pedido del Ministerio Público. Esto significa que, independientemente de la decisión final del máximo tribunal, Puerto Coronel podría estar en roles diferentes en distintas investigaciones.
Se espera que el viernes 19 de junio se discuta la extensión del plazo de investigación, durante la cual se están revisando posibles delitos tributarios, soborno, cohecho y administración desleal.
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