Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó conflictos de interés, irregularidades en cobros y deficiencias en el control de vehículos en el aparcadero municipal de Villarrica, región de La Araucanía.
Todo esto ocurre en el marco del informe final número 160, que tuvo como objetivo revisar el funcionamiento del aparcadero municipal de la Municipalidad de Villarrica y verificar que la prestación del servicio y la ejecución del contrato contaran con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales vigentes.
Entre los hechos más relevantes, el organismo fiscalizador advirtió que el director de control de la Municipalidad de Villarrica, cuyo nombre no es mencionado en este documento, intervino en gestiones vinculadas al retiro de un vehículo desde el aparcadero municipal, proceso que terminó con la obtención de un poder para disponer del automóvil y su posterior transferencia a un familiar directo.
Por la naturaleza de estos hechos, la Contraloría alertó una eventual infracción al deber de probidad administrativa.
La auditoría también estableció que dos funcionarios municipales figuraban como propietarios de la empresa concesionaria a cargo del aparcadero entre 2023 y 2025, empresa de la cual tampoco es mencionado el nombre, situación completamente irregular.
Radio Bío Bío intentó contactar al alcalde de Villarrica, Pablo Astete, pero no atendió. Sí lo hizo el concejal Jaime Beltrán, quien señaló que es una situación grave y que van a colaborar con lo que requiera Contraloría.
“Una situación gravísima de suma irregular, compleja por todas las listas que conlleva: vulneración de la prioridad, conflictos de interés, cobros indebidos y pagos externos al sistema, tarifas abusivas no autorizadas, una operación ilegal irregular respecto al espacio”, dijo.
A ello, complementó: “Por lo mismo, apoyaremos todas las acciones que ha mandatado la Contraloría, por supuesto, las que estime conveniente la actual administración municipal, inclusive aquellas que tienen un carácter de acción judicial”.
El informe también detectó irregularidades en los cobros y retiros de vehículos.
En al menos un caso, pese a que la concesionaria informó la condonación total de los costos de almacenamiento, se habrían efectuado cobros al propietario sin respaldo tributario ni registros formales de ingreso.
Además, la empresa operó durante todo el período auditado sin patente comercial vigente, y el aparcadero funcionó en un inmueble distinto al establecido en el contrato, sin la correspondiente modificación formal aprobada por la autoridad.
A estas observaciones se suman deficiencias en los registros de ingreso y salida de vehículos, incumplimientos contractuales y remates realizados sin cumplir requisitos legales esenciales, incluido el caso de un vehículo con encargo policial vigente.
Como parte de las medidas ordenadas, el organismo fiscalizador instruyó al municipio elaborar un catastro de cierre del aparcadero, gestionar el cobro de eventuales deudas por concepto de patente municipal y dictar una nueva ordenanza para regular la custodia de vehículos retirados de circulación.
La Municipalidad de Villarrica deberá informar en un plazo de 60 días hábiles las acciones adoptadas para dar cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría.
