La diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez, confirmó que la instancia citará al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer. El objetivo es que la exautoridad entregue explicaciones ante las graves irregularidades detectadas en el ingreso de niños haitianos al país, un caso que actualmente investiga el Ministerio Público.
La parlamentaria manifestó su preocupación por los antecedentes conocidos en las últimas semanas y sostuvo que, al tratarse de menores de edad, el Estado tiene una responsabilidad imperativa en garantizar su protección.
“Estamos hablando de una situación extremadamente delicada. Cuando se trata de niños y niñas, el Estado tiene una responsabilidad aún mayor. Por eso esperamos que se esclarezcan completamente los hechos, se determinen responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir”, señaló Pérez.
Esta citación a Luis Thayer se suma a los cuestionamientos previos que ya pesaban sobre la gestión del exdirector, particularmente por la entrega errónea de cédulas de identidad a extranjeros que no cumplían con los requisitos legales. Según indicó la diputada, a este escenario ahora se añaden las alarmantes revelaciones sobre el ingreso de los menores caribeños.
“Esperamos que el exdirector concurra a la comisión y entregue todas las explicaciones que el país merece. Ya existían cuestionamientos por las cédulas entregadas erróneamente y ahora se suman antecedentes graves relacionados con el ingreso de menores haitianos. Son hechos que requieren total transparencia y una revisión profunda de los procedimientos aplicados durante su gestión”, afirmó.
El origen de la polémica
Las declaraciones de la legisladora surgen tras los reportajes de BBCL Investiga, que revelaron la existencia de oficios enviados por el entonces director de Migraciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En dichos documentos, la exautoridad advertía sobre vuelos con niños haitianos y solicitaba información respecto a las autorizaciones otorgadas.
Posteriormente, el propio exdirector sostuvo que varias de esas alertas no obtuvieron respuesta, planteando incluso la posibilidad de que detrás de estos vuelos irregulares opere una red organizada. Sin embargo, también se conocieron antecedentes sobre señales previas y oficios que habrían sido ignorados dentro de su misma repartición.
Por su parte, la DGAC respondió acotando su participación a un rol netamente técnico en la autorización de operaciones aéreas, descartando tener competencias en materias migratorias.
En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior enfatizó que es urgente esclarecer las responsabilidades y revisar los protocolos de todas las instituciones involucradas.
“Chile necesita una política migratoria seria, ordenada y segura. Eso implica proteger adecuadamente a los niños, resguardar la fe pública y garantizar que las instituciones actúen con el máximo rigor. Cuando aparecen antecedentes de esta magnitud, corresponde investigar a fondo y exigir explicaciones”, concluyó.
