La noche de este lunes se ingresó la defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, a la acusación constitucional que se desarrolla en su contra. El documento expone las razones por las que el economista solicita que el libelo sea declarado inadmisible o, en su defecto, rechazado en todas sus partes.
BioBioChile tuvo acceso al escrito, de 161 páginas de extensión, en el que la defensa aborda cada uno de los cuatro capítulos de la acusación y cuestiona tanto su fundamento jurídico como los antecedentes técnicos que la sustentan.
En términos generales, el exsecretario de Estado sostiene que el libelo no identifica hechos específicos que puedan ser atribuidos personalmente a su actuación como ministro ni explica de qué manera dichos hechos configurarían una infracción a la Constitución o las leyes.
Asimismo, argumenta que la acción se construye sobre cuestionamientos a decisiones y proyecciones de carácter técnico en materia fiscal, además de imputaciones formuladas a partir de deberes generales asociados al cargo, sin precisar acciones u omisiones concretas que permitan configurar responsabilidad constitucional.
Grau descarta supuesta “omisión” de US$10.500 millones en las cuentas fiscales
La defensa destacó a este medio los principales argumentos para sostener que la acusación constitucional no debe prosperar. En esa línea, uno de los principales apunta al cálculo que sustenta una supuesta “omisión” de US$10.500 millones en las cuentas fiscales.
Según la defensa, dicha cifra surge de un error técnico de los acusadores, quienes asumirían que todo cambio en el déficit fiscal debe reflejarse íntegramente en la evolución de la deuda pública.
Sin embargo, el escrito plantea que ambos indicadores no evolucionan necesariamente de manera idéntica debido a factores como las variaciones del tipo de cambio y otros elementos que forman parte del denominado “ajuste flujo-stock”.
En ese contexto, se afirma que diferencias entre déficit y deuda ya se habían observado en años anteriores, mencionando como ejemplo que en 2021 existió una brecha cercana a los US$17.600 millones entre la evolución proyectada del déficit fiscal acumulado y la deuda proyectada a cinco años. A juicio del exministro, si una discrepancia de ese tipo constituyera una irregularidad, “habría que arribar a la misma conclusión respecto de aquel episodio“, algo que —afirma— nunca ocurrió.
Defensa recuerda pronunciamiento de la Contraloría
Otro de los puntos destacados por la defensa dice relación con un pronunciamiento previo de la Contraloría General de la República respecto de la entonces directora de Presupuestos.
Según recuerda el documento, en septiembre de 2025 los diputados Miguel Mellado y Frank Sauerbaum denunciaron ante el organismo fiscalizador a la exdirectora de la Dipres por eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa en las proyecciones de ingresos fiscales utilizadas para elaborar el Presupuesto 2025.
No obstante, la Contraloría concluyó que no existió una actuación contraria a la probidad, debido a que las proyecciones se elaboraron con la información disponible al momento de su confección.
A juicio de la defensa, si el organismo descartó responsabilidades respecto de un documento elaborado directamente por la Dirección de Presupuestos, “resulta jurídicamente improcedente” sostener una infracción constitucional respecto del ministro de Hacienda.
Cuestionamiento a la estructura de la AC
La presentación también cuestiona la estructura de la acusación constitucional. Según la defensa, toda imputación de responsabilidad exige identificar una conducta concreta atribuible a la autoridad acusada y explicar cómo dicha conducta configura una infracción constitucional o legal determinada.
En esa línea, sostiene que el libelo se limita a invocar deberes generales de “dirección, coordinación, supervisión y control” asociados al cargo de ministro de Hacienda, sin precisar qué acto debía dictarse, qué instrucción debía impartirse o qué control específico debía ejercerse.
Por ello, afirma que la acusación pretende fundar responsabilidad constitucional en la sola posición jerárquica que ocupaba el exsecretario de Estado, sin individualizar conductas personales y directas que permitan configurar las infracciones que se le imputan.
Grau defiende transparencia fiscal en su administración
Finalmente, el documento acusa que la acusación omite una serie de antecedentes que, a juicio de la defensa, demuestran que durante la administración anterior se fortalecieron los estándares de transparencia fiscal.
Entre ellos, menciona la promoción de la Ley N.º 21.683 sobre responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado, la publicación por primera vez de desgloses detallados de operaciones bajo la línea y la incorporación de nuevas transacciones en los informes mensuales de finanzas públicas.
Asimismo, la defensa agrega que durante dicho período Chile mejoró su desempeño en el Open Budget Survey 2025, indicador internacional que mide los niveles de transparencia presupuestaria, superando por primera vez la categoría de evaluación considerada insuficiente.
Las conclusiones de la defensa
De esa forma, la defensa sostiene que la acusación constitucional carece de fundamentos jurídicos suficientes y que, en los hechos, constituye un cuestionamiento a decisiones técnicas y criterios de política fiscal, materias que —según afirma— no pueden sustentar este tipo de acciones.
En esa línea, argumenta que el libelo no logró demostrar ninguno de los ilícitos constitucionales invocados y advierte sobre el riesgo de transformar la acusación constitucional en una herramienta de disputa política, en lugar de un mecanismo jurídico de control.
Por lo mismo, solicita a la Cámara de Diputadas y Diputados que declare inadmisible la acusación y, en caso de que ello no prospere, la rechace íntegramente por no configurarse ninguna de las infracciones constitucionales contenidas en sus cuatro capítulos.
