Un nuevo episodio de violencia se produjo en el Centro de Internación de Coronel, con un grupo de imputados que lanzó pintura y orina a un educador. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Reinserción Juvenil señalaron que la situación del Bío Bío se repite en otras regiones.
Solo la semana pasada había ocurrido un ataque que involucró a jóvenes privados de libertad en el recinto correcional del Servicio de Reinserción Social Juvenil que reemplazó al Sename.
En esa ocasión, tres imputados resultaron con lesiones por armas blancas hechizas y ahora fue un funcionario el blanco en este nuevo episodio.
Según la información del dirigente Raúl Fuentealba, presidente local del gremio de trabajadores, las consecuencias fueron más bien psicológicas que físicas por lo atípico de la agresión.
“Nuevamente se da una situación de violencia contra un trabajador, un profesional que trabaja directamente con los jóvenes, un tutor diurno en una casa con jóvenes imputados. Lo agreden lanzándole pintura y mancharon su ropa. Según el relato del funcionario, también le habrían lanzado orina y, obviamente, el trabajador quedó afectado emocionalmente”, detalló.
La Asociación de Funcionarios del organismo viene denunciando desde el año pasado los nulos cambios que han generado la transformación del servicio, acusando que incluso la situación se ha agravado.
A nivel país, dijo el presidente nacional del gremio, Walter Arancibia, el escenario no es muy distinto al que ocurre en el Centro de Internación de Coronel, siendo la solución —dijo— solo si hay cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
“No está lejano de lo que nos pasa a nivel nacional. Nosotros hemos hecho las conversaciones con el Ministerio, con la Dirección Nacional del Servicio, pero también hemos llegado a la conclusión de que cualquier conversación no va a tener ninguna posibilidad de enmendar lo que está pasando en el servicio. Para esto tienen que haber algunos cambios legales y en eso estamos trabajando”, argumentó.
La Defensoría Penal ha denunciado los hechos de violencia a los tribunales a través de recursos de amparo, ordenando la Corte de Apelaciones de Concepción medidas que no han sido cumplidas, como los programas de reinserción que ordena la legislación al ex Sename.
