Consejeros Regionales (cores) evitaron realizar un mea culpa respecto a su rol fiscalizador en el periodo del exgobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, debido a la serie de investigaciones por irregularidades en transferencias a Fundaciones y otras entidades. Afirmaron que ellos sólo aprueban recursos para proyectos.
Declaraciones que responden al caso de la Agencia de Desarrollo Productivo, la cual ejecutó un programa de reactivación económica por cerca de 9 mil millones de pesos autorizados por los cores que integraron la instancia entre 2021 y 2024.
Iniciativa de la entidad público-privada que benefició a empresarios investigados por la Fiscalía.
Un listado que, de todas maneras, integran más de 300 personas, entre las que se encuentran de familiares de políticos de la derecha. Es el caso de Guillermo Migueles con su empresa Gambi, y quien a su vez es padre de la alcaldesa de Vilcún y militante de RN, Katherine Migueles.
Quien conoce de cerca a la autoridad es quien fue su jefe de gabinete y ahora consejero regional de la misma tienda, Eduardo Hernández, quien fue reelecto para el cargo.
El militante de Renovación Nacional aseguró que desconocía que la empresa del padre de la alcaldesa había resultado beneficiado con $50 millones de la Agencia.
Asimismo, explicó que los Cores sólo aprueban recursos y además evitó responder si hubo falta de fiscalización en el periodo del exgobernador Luciano Rivas.
De hecho, consultado si cree que faltó fiscalización en la administración Rivas, señaló que “el Consejo Regional cuando aprueba los recursos, no tenemos cómo saber lo que va a pasar en un año o dos años más. Siempre lo hacemos de buena voluntad y esperando, por supuesto, que los recursos lleguen a toda la región y que sean lo más equitativos posible. No pudiéramos anticiparnos a saber lo que va a pasar”.
También se pronunció el core del PPD, Essio Guidotti, quien cumple su tercer periodo en el cargo.
Respecto a su rol fiscalizador, dijo que lo ejercen “pidiendo información al Ejecutivo porque, al menos los consejeros, no participan de los procesos administrativos. Ahí de repente hay un poco de desconocimiento, porque nosotros aprobamos los presupuestos para poder iniciar el llamado a concurso de estas cosas. Y nosotros, al menos, no seleccionamos empresas. No tenemos esa facultad porque al final es una evaluación técnica”.
De todas maneras, Guidotti señaló que los responsables de las irregularidades en el programa de la Agencia tendrán que responder si las investigaciones determinan alguna responsabilidad.
¿Qué dice la ley respecto al rol fiscalizador de los Cores? Según la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, el cuerpo colegiado está facultado para “fiscalizar el desempeño del gobernador regional (…) unidades que de él dependan o que ejerzan competencias propias” de la entidad.
Además, pueden solicitar información y el gobernador tiene 30 días para entregar una respuesta a acuerdos u observaciones formulados por un tercio de los consejeros regionales presentes.
Eso es parte de lo que los consejeros que vienen del periodo anterior todavía no pueden aclarar.
