Con tareas pendientes quedó la Dirección de Presupuestos (Dipres), luego de presentarse ante la comisión de Educación del Senado por el proyecto de Sala Cuna.
Parlamentarios oficialistas y opositores alertaron de inconsistencias en el financiamiento de la medida y dudas sobre costos adicionales para el Fisco.
Recordemos que la largamente esperada propuesta del gobierno, que reemplazó por completo la fórmula de la administración de Gabriel Boric, tiene en el corazón de la fórmula el uso del Fondo del Seguro de Cesantía Solidario y el aporte de los mismos trabajadores.
El cambio en el modelo implica una cotización de 0,35% que, en vez de ser un costo nuevo para el empleador, se compensa rebajando en igual magnitud lo que este aporta a este seguro, que pasaría a financiar un fin distinto por el que fue creado.
La Dipres, a través del informe financiero, estima un mayor gasto fiscal de $11.044.000 millones de pesos el primer año y $6.176 millones en régimen, asegurando que el Fondo se mantendrá sustentable sin requerir aportes fiscales adicionales a los ya contemplados en el proyecto.
Quien se presentó ante la comisión fue el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuesto, José Ignacio Llodrá, quien sostuvo que la principal virtud de la fórmula es que no supone recargos al empleador.
La senadora Yasna Provoste (DC) planteó una serie de inconsistencias o errores en el informe financiero y pidió una actualización de las cifras. En ese sentido, dijo que el texto tiene errores de cálculo en la tasa inicial de madres que accederían al beneficio el primer año.
Mientras la Dipres estima un 46% de impacto, los números indicarían que en realidad sería levemente superior al 21%. Su punto de fondo es que solo el 10% de los recursos del proyecto van a la Subsecretaría de Educación Parvularia y que el gobierno está traspasando el costo del acceso a Sala Cuna a instituciones públicas como Junji, Integra y los jardines VTF sin transferencia de fondos para sostenerlos.
Provoste criticó que no se pueda mejorar un derecho a las madres, perjudicando a la vez el derecho de los niños a una educación de primera infancia de calidad.
El senador independiente de RN, Rojo Edwards, también tuvo críticas, pero en la dirección diametralmente opuesta. El parlamentario —que se definió como fiscalmente conservador— dijo que no está disponible para apoyar un proyecto que genera mayores gastos al Estado, pese a que su modelo central pone el peso del financiamiento en el trabajador.
Parte de los dineros de la iniciativa irán a financiar el Fondo Sala Cuna, que será administrado con personalidad jurídica propia, separado del fisco. El senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, encargó al gobierno una fundamentación técnica de esa decisión.
El proyecto creará el Sistema Público de Registro de Salas Cunas, que será administrado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, con la tarea de informar la matrícula y cupos disponibles. El trabajador elegirá el jardín y comunicará su elección al empleador.
Esto será con libre elección y en la modalidad de copago. Si el jardín cuesta más que el aporte, la diferencia la paga el trabajador; el empleador no está obligado a cubrir esa diferencia.
