El Ministerio Público formalizó la investigación por fraude al Fisco que involucra a la administradora municipal de Hualqui, a dos exfuncionarios de la corporación edilicia y a una empresaria de la comuna. Los cargos tienen que ver con un pago de $1.500.000 por colaciones que nunca existieron, según la Fiscalía.
En el límite de la prescripción de los delitos, por hechos ocurridos en 2021, fue formalizada la causa abierta a partir de una querella presentada por el ahora exalcalde Jorge Constanzo, denunciando irregulares manejos de miles de millones de pesos.
Sin embargo, lo que el fiscal Julián Muñoz imputó a la administradora municipal de Hualqui, Yilda Fernández, a los exdirectivos Nelson Jara y Macarena Varas, y a la empresaria Mirta Martínez, fue concertarse para un fraude de un -exactamente- $1.439.000.
Según los antecedentes entregados, lo que realmente ocurrió fue que los empleados municipales autorizaron el pago para saldar una deuda que había con la dueña de un centro de eventos por un evento privado y no las 200 colaciones por las que se extendió la factura.
El abogado Felipe Martínez, defensor particular de la administradora, expresó su confianza en probar su inocencia, subrayando que se trata de un tema administrativo y no penal.
Por los exfuncionarios de la Municipalidad de Hualqui, el abogado Carlos Muñoz destacó que los cargos no tienen que ver con los millonarios fondos para la educación y, sobre la arista formalizada, aseguró que sus clientes no tienen ninguna responsabilidad.
«Mi representado no tiene absolutamente ningún conocimiento de esa situación. Así que estamos tranquilos porque, por otro lado, en lo que dice relación con la supuesta apropiación o desviación de 8.000 millones de pesos, corresponde y el fiscal debe haber tomado cuenta de eso, que se trataba de un asunto de una rendición de cuentas administrativa ante la Superintendencia de Educación, que a esta altura del partido ya se regularizó“, enfatizó.
En la audiencia no se dictaron las medidas cautelares, pues la discusión fue postergada para el 23 de julio, ante la solicitud de la Defensoría, que representa a Mirta Martínez, por no haber obtenido a tiempo la carpeta investigativa.
