El Segundo Juzgado Civil de Valparaíso acogió parcialmente una solicitud presentada por la Constructora San Sebastián y ordenó la realización de un peritaje independiente sobre las viviendas cuestionadas en el sector El Olivar de Viña del Mar, en medio de la controversia por la demolición de los inmuebles construidos a raíz del megaincendio de 2024.
La acción judicial fue presentada por la empresa como una medida prejudicial probatoria, paso previo a una eventual demanda contra el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso. En ella, la constructora solicitó una inspección personal del tribunal y la designación de peritos que evalúen técnicamente las obras, argumentando que la demolición impulsada por el Ministerio de Vivienda (Minvu) podría hacer desaparecer evidencia clave para un futuro juicio.
En la solicitud, la firma advierte que “la demolición de las viviendas y de las obras ejecutadas privará a mi representada de la posibilidad de acreditar el estado actual de las construcciones”, acotando además que esto es una “destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual”.
Ahora, al resolver, el tribunal decretó únicamente la realización del peritaje técnico, estableciendo que un ingeniero o constructor civil deberá pronunciarse sobre la existencia de eventuales defectos constructivos. En cambio, rechazó la inspección personal requerida por la empresa, estimando que dicha diligencia se limitaría a “meras observaciones estéticas”, sin aportar antecedentes relevantes para la controversia técnica.
Cabe destacar que, en su solicitud, la constructora asegura que las decisiones adoptadas por las autoridades del Minvu constituyen un incumplimiento contractual. “La paralización indefinida de las obras, por sí, constituye un incumplimiento del Contrato”, sostiene.
También plantea que las observaciones detectadas no serían atribuibles a la ejecución material de los trabajos, sino a aspectos del diseño y especificaciones previamente aprobadas. Además, la empresa cuestiona la necesidad de demoler las viviendas, citando informes técnicos que, por ejemplo, recomiendan el “reforzamiento del sistema constructivo”, sin plantear la demolición.
“El ministro no puede seguir adelante con su plan de demoler”
El abogado de la Constructora San Sebastián, Jaime Barrientos, valoró el fallo de la justicia, planteando que “es extremadamente relevante, por cuanto en términos prácticos, en primer término, implica que el ministro (Poduje) no puede seguir adelante con su plan de demoler, el que ciertamente es contrario a derecho, está al margen de las facultades y potestades de las que es titular como ministro; lo mismo aplica para sus subalternos”.
“Y también es muy relevante porque a través de esta resolución se podrán designar peritos imparciales que determinen efectivamente aquello que se construyó y si lo construido, como señala la constructora a mi representada, se ajusta exactamente a lo proyectado”, afirmó.
“Como hemos dicho, el proyecto aprobado es de responsabilidad exclusiva del Serviu; Constructora San Sebastián ejecutó exactamente el proyecto que el Serviu aprobó y aquello quedará demostrado con las pericias imparciales que ha determinado el Juzgado Civil de Valparaíso”, cerró.
Revisa la solicitud de la constructora y la resolución:
Tras la publicación de esta nota, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) enviaron un comunicado donde aseguraron que “como Ministerio desconocemos la información expuesta por el abogado de la constructora San Sebastián Limitada, de la cual no hemos sido notificados”.
“En marzo, el Minvu interpuso acciones judiciales por los delitos de estafa; uso malicioso de certificaciones; coacción; amenazas; fraude al fisco; cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural; tráfico de influencias y obtención fraudulenta de prestaciones estatales”, agregaron.
Asimismo, señalaron que en el “documento que fue enviado a distintos medios de comunicación, dicha resolución solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito, ingeniero o constructor civil. El texto deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición”.
“Es importante destacar que en los recursos de protección interpuestos por la constructora San Sebastián y por la EP Social Arquitectura, la Corte de Apelaciones de Valparaíso no acogió la orden de no innovar solicitada respecto a la suspensión del Ordinario Nº 245, de 24 de marzo de 2026, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la paralización de cualquier orden de demolición relativa a dichas obras”, dice el escrito.
“Queremos insistir en que los informes de DITEC del Minvu y IDIEM de la Universidad de Chile, confirman técnicamente la gravedad de las fallas estructurales de las viviendas construidas para los damnificados de los incendios que afectaron a El Olivar en Viña del Mar el año 2024, siendo deber del Estado resguardar la seguridad e integridad de las familias”, cierra el comunicado.
