El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara los objetivos del proyecto del gobierno que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades. La propuesta, anunciada en la Cuenta Presidencial, busca consolidar información de condenas y sanciones por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes.
En la instancia también participó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. Sobre el proyecto, Pavez señaló que se busca establecer consecuencias administrativas temporales para quienes integren el registro. Así, añadió, vincular el acceso a beneficios financiados con recursos públicos o trámites administrativos al cumplimiento de normas básicas de convivencia.
El Registro de Actos Vandálicos será administrado por el Servicio de Registro Civil y tendrá un carácter parcialmente público. Esto significa que cualquier persona podrá requerir información por medio de una solicitud de acceso a la información pública. Aunque los antecedentes específicos de la causa permanecerán reservados, al igual que el acceso a la información que permita identificar a menores de edad.
Delitos, faltas y plazos en el registro
De acuerdo a lo explicado por el subsecretario Pavez en la comisión, el proyecto distingue entre actos vandálicos e incivilidades. En el primer caso, se encuentran delitos contra la autoridad y bienes públicos, de conducta, contra profesionales de la salud o educación y contra las cosas. Quienes los comentan, permanecerán en el registro por cinco años o dos, si se trata de menores de edad.
En cuanto a las incivilidades, se clasifican entre faltas analizadas por los juzgados de policía local y las que se analizan en los juzgados de garantía. Como ejemplos del primer caso están el depósito de escombros o el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el segundo, la realización de loterías no autorizadas o el consumo de drogas en la vía pública, entre otros. En estos casos la permanencia en el registro será de un año.
Así, ingresarán al Registro de Actos Vandálicos las personas condenadas por cometer estos delitos y no podrán acceder a subsidios habitacionales y de arriendo; becas de educación superior; postgrado y fondos concursables; licencia de conducir y pasaporte; beneficios tarifarios de transporte público y se aplicará la pérdida de pensiones de gracia. Asimismo, se podrá retener la devolución de impuestos por multas impagas y se aplicará la prohibición de ingreso a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego.
El proyecto en trámite, así también, propone un régimen agravado para quienes cometan incendios graves, ataques a autoridades, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, uso de explosivos, tráfico de drogas y comercio ilegal organizado. En estos casos, las personas que ingresen al registro tampoco podrán acceder a la gratuidad en educación superior ni a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Por último, el proyecto plantea mayores plazos de permanencia en el Registro de Actos Vandálicos en caso de reincidencia.
Posturas encontradas en el debate parlamentario
Tras la exposición del subsecretario, las y los diputados de oposición manifestaron posturas críticas respecto del proyecto, señalando que se podría confundir sanción con exclusión social. Además, se advirtió que se pueden transformar los derechos sociales en “herramientas de disciplinamiento estatal” y plantearon dudas sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones. También cuestionaron la proporcionalidad, al considerar que se establecen sanciones similares para conductas de distinta gravedad.
En ese contexto, se planteó la necesidad de definir con mayor precisión qué se entiende por actos vandálicos e incivilidades. También se advirtió que la medida carecería de evidencia en términos de efectividad y no contribuiría a la reparación del daño ni a la reinserción social.
En contraste, otras intervenciones respaldaron la iniciativa, señalando que busca enfrentar conductas que afectan los espacios públicos y el uso de bienes comunes. Se afirmó que quienes dañan lo que es de todos no debieran acceder a beneficios financiados por el Estado. También se destacó que el proyecto contempla el respeto al debido proceso y que existe apoyo ciudadano a este tipo de medidas.
Por su parte, el subsecretario Pavez recalcó que el gobierno quiere transmitir una “señal concreta, a que vuelva la cultura del orden a Chile”. Esto porque, desde su perspectiva, “nos acostumbramos a tolerar la incivilidad” y lo importante “es dar la señal que la mano cambió”. Además, aseguró que todas las inquietudes constitucionales “o tienen explicación o tienen solución”.
