Consultado por la situación del consulado de Chile en Haití, en el marco de una sesión de la Comisión de Gobierno del Senado, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que actualmente el país no cuenta con un representante consular en funciones luego que se suspendieran los trámites debido a sospechas de hechos de corrupción detectados en esa sede diplomática.
Según explicó, la medida se mantiene vigente desde octubre del año pasado y responde a antecedentes que están siendo hoy investigados por las autoridades competentes.
No obstante, indicó que el Gobierno envió recientemente a un funcionario para restablecer el funcionamiento básico de la representación chilena en Haití y adelantó que probablemente pronto se anunciará una nueva etapa para la representación diplomática, incluido el eventual nombramiento de un cónsul.
Sauerbaum también agregó que cualquier decisión definitiva dependerá de los resultados de las investigaciones en curso, las que, según precisó, incluyen diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) al interior del consulado.
Sumario por presunta corrupción
Cabe señalar que el pasado viernes, Cancillería informó que “ante un registro elevado de legalizaciones de documentos y para indagar eventuales irregularidades”, se resolvió poner fin a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, revocar las facultades del ministro de Fe Pública encargado de dichas labores e instruir un sumario administrativo, el que se mantiene en curso.
La cartera indicó que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones (PDI), asegurando que desde entonces se ha colaborado con las diligencias y se ha puesto a disposición de las autoridades toda la información requerida.
Asimismo, y consultadas fuentes ligadas al ámbito diplomático, explicaron que el sumario administrativo que desde hace nueve meses se sigue respecto del cónsul de Chile en Puerto Príncipe, Rafael du Monceau, quien asumió la misión diplomática en febrero de 2024, estaría orientado a esclarecer eventuales irregularidades detectadas a mediados de 2025.
De acuerdo con los antecedentes conocidos por este medio, una de las aristas que se busca dilucidar dice relación con versiones que apuntan a que algunas personas habrían efectuado pagos para agilizar trámites consulares que son gratuitos.
En específico, existen sospechas respecto de eventuales cobros indebidos para obtener atención preferente o acelerar la entrega de documentación necesaria para continuar con procesos vinculados a viajes hacia Chile. Todo ello, considerando que la decisión sobre visas y permisos correspondía al Servicio Nacional de Migraciones y no directamente a la Cancillería.
