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PPD fija condiciones para apoyar Ley de Reconstrucción y advierte impacto de beneficios tributarios

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Gonzalo OlguínPeriodista Radio Bío Bío Valparaíso. Corresponsal en Congreso Nacional

Los senadores del Partido por la Democracia (PPD) dieron a conocer un conjunto de propuestas para introducir cambios al proyecto de Ley de Reconstrucción que impulsa el Gobierno, asegurando que están disponibles para alcanzar un acuerdo, pero advirtiendo que este debe resguardar la estabilidad fiscal y fortalecer las capacidades del Estado.

BioBioChile tuvo acceso al documento elaborado por la bancada de senadores del PPD, en el que la colectividad propone modificaciones al proyecto de Ley de Reconstrucción y plantea reparos a algunas de las principales medidas tributarias impulsadas por el Ejecutivo.

En el texto, los parlamentarios señalan que existe consenso respecto de la necesidad de acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, incentivar la inversión y generar empleo. Sin embargo, sostienen que las medidas para alcanzar esos objetivos deben implementarse sin comprometer las finanzas públicas ni debilitar la institucionalidad.

Uno de los principales reparos de la colectividad apunta a las modificaciones tributarias contenidas en la iniciativa. Según plantean, las rebajas de impuestos propuestas podrían traducirse en una disminución relevante de los ingresos fiscales, especialmente si su financiamiento depende de proyecciones de crecimiento económico futuras. Por ello, proponen que cualquier reducción permanente de la recaudación sea compensada mediante fuentes de financiamiento igualmente permanentes.

En esa línea, los legisladores se oponen de forma tajante a la combinación entre una eventual reintegración tributaria, una rebaja del impuesto de primera categoría y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, advirtiendo que en conjunto generarían un enorme perjuicio fiscal para el Estado.

Destrabar permisos y apostar por sectores estratégicos

Dentro de las propuestas, el PPD plantea avanzar en medidas que faciliten la inversión a través de una reducción de la burocracia y una mayor eficiencia en la tramitación de proyectos. Para ello, sugieren profundizar la digitalización de procesos, fortalecer la coordinación entre organismos públicos y acelerar la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

Asimismo, llaman a consolidar políticas orientadas al desarrollo de sectores considerados estratégicos para el crecimiento del país, como el hidrógeno verde, la industria del litio, la desalinización, el turismo y algunas actividades exportadoras. También proponen fortalecer la innovación y la investigación aplicada para aumentar la competitividad de la economía chilena.

Empleo y acceso a la vivienda

La propuesta también incorpora medidas vinculadas al mercado laboral. Entre ellas, el fortalecimiento de incentivos para la contratación de mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, además de una modernización de los sistemas de capacitación para responder a los cambios tecnológicos y productivos. En concreto, proponen extender el subsidio unificado al empleo de 12 a 24 meses, focalizándolo en nuevas contrataciones formales de los grupos con mayores barreras de acceso al mercado laboral.

En materia habitacional, los senadores plantean que las políticas públicas deberían enfocarse en facilitar el acceso de las familias a la vivienda mediante garantías estatales, subsidios y apoyo a los créditos hipotecarios, privilegiando mecanismos focalizados por sobre beneficios tributarios generales.

Reparos en materia ambiental

El documento también manifiesta la preocupación por algunas disposiciones relacionadas con la institucionalidad ambiental.

Los parlamentarios advierten que ciertas normas podrían generar riesgos para el Estado o limitar herramientas de control y fiscalización, por lo que llaman a compatibilizar una mayor rapidez en la aprobación de proyectos con la mantención de estándares ambientales y de certeza jurídica.

Finalmente, el PPD sostuvo que cualquier acuerdo debe construirse sobre principios como la responsabilidad fiscal, la promoción de la inversión mediante el fortalecimiento institucional, la equidad tributaria y el respeto a la institucionalidad democrática, ambiental y judicial.