El asesinato de un menor de 12 años en San Bernardo generó conmoción en la ciudadanía, pero también reactivó la presión de los alcaldes sobre el gobierno y reabrió el debate por la ley de responsabilidad adolescente.
Y es que no es la primera vez que los jefes comunales levantan la voz. Hace meses vienen exigiendo mayores atribuciones, más recursos y cambios legislativos para enfrentar la inseguridad.
En la región Metropolitana, alcaldes de derecha redoblaron la presión y llamaron al Ejecutivo a acelerar la tramitación de la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente que actualmente se discute en el Senado.
Los jefes comunales de Vitacura, Ñuñoa, San Miguel, Providencia y Colina impulsan modificaciones que apuntan a endurecer las sanciones para menores involucrados en delitos violentos, restringir el régimen abierto y establecer criterios más severos para quienes reinciden.
La jefa comunal de Vitacura, Camila Merino, y su par de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvieron que el Estado ha reaccionado tarde frente a una realidad que se ha ido agravando con el paso de los años.
Con una mirada distinta, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, sostuvo que el desafío exige más que cambios legislativos, sino un rediseño profundo del sistema de seguridad.
El debate, sin embargo, no está exento de matices.
Desde la academia, la abogada Ester Valenzuela, directora de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la UDP, advirtió que el aumento de sanciones o de los años de internación de menores de edad no necesariamente resolverá el problema de fondo.
La experta llamó a evitar respuestas centradas exclusivamente en el castigo y a mantener una discusión que considere también los estándares y compromisos internacionales asumidos por Chile.
Así, vuelve a instalarse una pregunta de fondo: cómo responder a la demanda ciudadana por mayor seguridad con políticas capaces de ofrecer soluciones sostenibles en el tiempo.
