El Gobierno restó dramatismo al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales varias normas clave del proyecto “Escuelas Protegidas”, optando por llamar a la cautela antes de definir los ajustes a la iniciativa. Desde La Moneda, las autoridades coincidieron en que esperarán a conocer el texto íntegro y los fundamentos de la sentencia para evaluar el impacto real del rechazo.
El ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que la decisión del TC “es parte del proceso legislativo” y que, una vez analizados los argumentos, el Ejecutivo evaluará “cómo se puede corregir” lo objetado. Pese al revés, Alvarado enfatizó que el corazón de la iniciativa sigue intacto y defendió la vigencia de medidas que consideran cruciales, como la revisión de mochilas por parte de directivos, la prohibición del uso de capuchas y el resguardo a los docentes.
“Lo que busca el Gobierno es proteger a los alumnos, la infraestructura de los colegios y propender a que las clases no se interrumpan”, afirmó el portavoz de La Moneda.
Respecto a la polémica por la eventual pérdida de la gratuidad escolar para alumnos involucrados en desmanes, el ministro insistió en que no hay definiciones concluyentes, supeditando cualquier decisión al contenido del fallo.
Educación destaca normas aprobadas tras fallo del TC
En una línea similar, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se alineó con la postura de prudencia y reafirmó el respeto del Ejecutivo hacia las facultades del TC. En entrevista con Infinita, la secretaria de Estado recalcó que el objetivo de fondo se mantiene: dotar a los colegios de herramientas para prevenir la violencia y reforzar la seguridad.
Asimismo, Arzola matizó el impacto de la resolución al destacar que el tribunal validó herramientas importantes del proyecto, como el filtro de denuncias sobre convivencia ante la Superintendencia de Educación, una medida diseñada para aliviar la carga administrativa de los equipos escolares. “De todas maneras, estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley”, subrayó.
Gobierno reconoce impacto en agenda de seguridad tras fallo del TC por Escuelas Protegidas
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, reconoció que, si bien el control del TC es parte de la normalidad institucional, el fallo por Escuelas Protegidas podría ralentizar el despliegue de la agenda de seguridad escolar del Gobierno.
En entrevista con Expreso Bío Bío, Silva advirtió que el retraso en la implementación es innegable, aunque no descartó que los mismos argumentos del tribunal abran ventanas legales para insistir en las normas rechazadas.
“Es evidente que el Gobierno quiere garantizar la seguridad con pleno respeto a la Constitución”, sostuvo, agregando que el control de constitucionalidad es parte del orden institucional del país.
“Aquí lo que está de fondo, evidentemente, no es garantizar seguridad a todo costo”, sentenció Silva a Radio Bío Bío.
Silva advirtió que, dependiendo de los argumentos del TC, podría existir margen para insistir en medidas que refuercen la seguridad en los establecimientos, aunque admitió que la decisión “retrasa en parte” la implementación de esa agenda.
Mientras tanto, en las filas del oficialismo cierran filas en torno a la estrategia de La Moneda: congelar cualquier diseño de estrategia legislativa hasta que el fallo sea publicado en su totalidad.
