La noche del martes terminó transformándose en una de las jornadas más complejas para el Gobierno de José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda. A las 21:57 horas, el Tribunal Constitucional (TC) comunicó que cuatro disposiciones de la ley de “Escuelas Protegidas” fueron declaradas inconstitucionales, desarmando precisamente aquellos artículos que el Ejecutivo había presentado como el núcleo de su apuesta para enfrentar la violencia escolar.
No se trata de una derrota cualquiera. “Escuelas Protegidas” fue uno de los primeros proyectos de autoría propia impulsados por el Gobierno y una de las iniciativas que mejor representaba el sello político de la administración Kast en materia educacional, apostando por más atribuciones para enfrentar hechos de violencia en los establecimientos y severas sanciones para quienes incurrieran en conductas delictivas.
Sin embargo, el TC acogió parte importante de los cuestionamientos levantados por parlamentarios de oposición y dejó fuera de juego algunas de las medidas más controvertidas de la iniciativa.
Entre las normas rechazadas destacan la obligación de informar a las policías cuando un estudiante se negara a revisar su mochila; la facultad para que Carabineros o la PDI revisaran vestimentas y pertenencias de alumnos sin orden de un fiscal; las sanciones por acciones que interrumpieran las clases y, finalmente, la restricción para acceder a la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves.
La magnitud del revés quedó reflejada en las reacciones inmediatas de la oposición, donde la diputada Emilia Schneider (FA) calificó el fallo como un “gran fracaso” para el Ejecutivo, mientras que su par del PC, Luis Cuello, sostuvo que el TC había puesto un “freno” a una ley de “inspiración autoritaria”.
La Moneda busca bajar el perfil
Pese a que el fallo impactó directamente los aspectos más visibles de la iniciativa, la estrategia inicial del Gobierno apuntó a contener el daño político.
La mañana de este miércoles, la ministra de Educación, María Paz Arzola, evitó entrar en confrontación con el TC y optó por destacar que la ley mantiene vigentes otras herramientas que, a juicio del Ejecutivo, permitirán avanzar en materia de seguridad escolar.
En entrevista con Radio Infinita, la secretaria de Estado afirmó que son respetuosos de la institucionalidad y de las decisiones del tribunal, asegurando que el objetivo final sigue siendo el mismo.
La ministra insistió en que el Gobierno aún espera conocer los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir y eventuales acciones futuras, manteniéndose atentos a los argumentos para ver cómo proceder o definir si existe alguna acción adicional que puedan tomar.
Pero junto con reconocer que el Ejecutivo analizará alternativas, Arzola también intentó transmitir una señal de continuidad al destacar que varias disposiciones de la ley no fueron objeto del requerimiento.
En esa línea, sostuvo que de todas maneras se encuentran en una posición más avanzada que antes de la ley, apuntando especialmente a las nuevas facultades para los docentes y a las modificaciones al sistema de denuncias por convivencia escolar ante la Superintendencia de Educación.
El golpe del TC al corazón político del proyecto “Escuelas Protegidas”
Sin embargo, más allá de la estrategia comunicacional del Ejecutivo, el alcance del fallo resulta difícil de minimizar. Las disposiciones anuladas correspondían justamente a los elementos que habían generado mayor debate público y que el Gobierno utilizó para marcar diferencias con administraciones anteriores en materia de orden y seguridad.
La revisión de mochilas por parte de las policías y la pérdida de beneficios educacionales para estudiantes condenados eran medidas que el oficialismo presentaba como señales concretas frente a los episodios de violencia registrados en distintos establecimientos educacionales.
El resultado adquiere además una dimensión simbólica para el Gobierno. Se trata del primer gran revés constitucional sufrido por una iniciativa emblemática de la administración Kast y ocurre precisamente en uno de los temas donde el Ejecutivo había apostado buena parte de su capital político.
La UDI pasa a la ofensiva tras fallo del TC sobre Escuelas Protegidas
Lejos de asumir el fallo como un punto final, el oficialismo ya comenzó a diseñar una contraofensiva. La primera señal vino desde la bancada de diputados de la UDI, que anunció la presentación de una reforma constitucional para reponer la norma que impedía acceder a la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves.
La apuesta no surge de la nada. Durante los últimos meses, los gremialistas habían impulsado distintas iniciativas destinadas a vincular el acceso a beneficios estatales con estándares de conducta, defendiendo que la gratuidad no debía entregarse de manera irrestricta a personas condenadas por hechos de gravedad.
Desde la UDI sostienen que la gratuidad es un beneficio financiado con recursos públicos y que, por lo mismo, puede estar sujeta a determinadas exigencias, una tesis que terminó chocando de frente con el criterio del Tribunal Constitucional.
Un fallo con efectos hacia adelante
La resolución del TC no solo obliga al Ejecutivo a recalibrar “Escuelas Protegidas”, sino que también entrega señales complejas respecto de futuras iniciativas vinculadas a seguridad, convivencia escolar y acceso a beneficios educacionales.
Por ahora, el Gobierno intenta instalar la idea de que la ley seguirá avanzando con herramientas relevantes para los establecimientos, pero el dato político permanece inalterable: las medidas más emblemáticas del proyecto fueron precisamente las que el Tribunal Constitucional decidió sacar del camino.
En política, muchas veces son esos símbolos los que terminan definiendo la percepción de victoria o derrota. La noche del martes dejó una conclusión difícil de ignorar para La Moneda: su principal bandera educacional sobrevivió, pero lo hizo sin varias de las piezas que la convertían en una de las apuestas más identitarias del gobierno de José Antonio Kast.
