El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, defendió este miércoles ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara las decisiones adoptadas durante su gestión para permitir el ingreso de niños haitianos bajo procesos de reunificación familiar, pese a que la Contraloría concluyó que el organismo que dirigía él en ese entonces, actuó ilegalmente al flexibilizar requisitos establecidos por ley.
Lo hizo sentado frente a la propia contralora Dorothy Pérez, apenas horas después de conocerse el informe final del ente fiscalizador, que confirmó que el servicio aplicó criterios excepcionales sin tener atribuciones legales para ello.
Según el exdirector, ante la imposibilidad de obtener documentos en Haití, se enfrentó a una disyuntiva entre cumplir estrictamente procedimientos administrativos o resguardar el interés superior del niño y el derecho a la unidad familiar.
La respuesta de la Contraloría ya está escrita en 147 páginas. La de Thayer quedó resumida en una frase:
“Vamos a defender nuestros argumentos, que no solo están en la defensa del interés superior del niño, sino también en las facultades que otorga el Estatuto Administrativo a las jefaturas de servicio”.
La posición de Contraloría
La sesión estuvo marcada por la exposición de la contralora Dorothy Pérez, quien resumió las principales conclusiones de la investigación que revisó el funcionamiento de los procesos de reunificación familiar entre 2022 y 2025, dado a conocer por Radio Bio Bio.
Según explicó, el problema no solo estuvo en las excepciones aplicadas por Migraciones, sino también en la falta de coordinación entre las instituciones involucradas y en las debilidades para seguir la trazabilidad de los menores que ingresaban al país.
“Constatamos que estas entidades no habían implementado acciones para cumplir con sus deberes legales de coordinación”, afirmó Pérez.
El informe final fue categórico respecto del actuar del servicio encabezado entonces por Thayer: los requisitos y documentos exigidos por la Ley de Migración no podían ser modificados mediante un memorándum interno.
Thayer por ingreso de niños haitianos: “Nos tocó lidiar con un Estado fallido”
El exdirector de Migraciones, Luis Thayer, valoró el trabajo realizado por la Contraloría, aunque defendió la legalidad de las decisiones adoptadas y anunció que sostendrá esa posición en las instancias que aún quedan abiertas.
Su principal argumento fue el contexto que enfrentaba el país respecto de Haití.
“Desde el punto de vista del gobierno, nos toca lidiar con los Estados en su situación real. Durante esos años nos tocó lidiar con un Estado fallido como el de Haití, como uno dictatorial, como Venezuela”, señaló.
Thayer explicó que la imposibilidad material de obtener ciertos documentos en Haití, especialmente aquellos que requerían apostilla o trámites consulares, hacía inviable el proceso para cientos de familias.
“La imposibilidad de obtener ese documento y la no tramitación de las visas, en ese momento, nos lleva indefectiblemente a vulnerar el interés superior del niño y el principio constitucional de unidad familiar”, sostuvo.
Por lo mismo, defendió la decisión de eximir temporalmente algunos procedimientos consulares.
“La determinación que tomamos en cuanto al trámite de la legalización del documento se fundamenta en argumentos legales que sostenemos y vamos a sostener en las instancias que quedan por delante”, afirmó.
Y añadió: “Vamos a defender nuestros argumentos, que no sólo están en la defensa del interés superior del niño, sino también en las facultades que otorga el Estatuto Administrativo a las jefaturas de servicio”,insistió.
“La alternativa era cerrar la reunificación familiar”
Thayer explicó que el Servicio Nacional de Migraciones decidió asumir directamente la revisión y verificación de los documentos presentados por las familias haitianas, precisamente por el cierre del consulado y las dificultades para completar las legalizaciones exigidas.
“El servicio y yo como director, al tomar la decisión de eximir de un procedimiento consular dado el cierre del consulado en Haití, teníamos dos alternativas: cerramos el procedimiento de reunificación familiar o nos hacemos cargo de la revisión de esos documentos y su veracidad”, relató.
Según dijo, optaron por la segunda opción porque eran los propios funcionarios quienes finalmente tenían la responsabilidad de validar los antecedentes presentados.
“Tomamos esta última determinación porque estos funcionarios son los últimos responsables de la verificación de la documentación, haya o no haya legalización, y son quienes han detectado documentos fraudulentos”, aseguró.
Sin embargo, reconoció que el escenario cambió posteriormente.
“A fines de 2025, gracias a la eficacia de los funcionarios, tomamos la decisión de terminar con la tramitación de las residencias, puesto que sistemáticamente recibimos documentos fraudulentos legalizados por el consulado de Haití”, indicó.
“Por eso hasta el día de hoy se mantienen paradas las visas de reunificación familiar porque no hay certeza documental, como sí la había en 2024”, agregó.
Críticas a la filtración del preinforme de Contraloría
Durante su intervención, Thayer también abordó el preinforme de Contraloría, criticó la filtración de esos antecedentes y cuestionó el tratamiento público del tema:
“Yo no he visto un acto de irresponsabilidad pública y de cobardía política más grande que ese desde el retorno de la democracia en Chile”, afirmó.
A su juicio, la filtración expuso innecesariamente a niños y adolescentes involucrados en los procesos. “Porque no solo expuso a menores de edad, sino además expuso la propia investigación y a la sociedad a una alarma pública absolutamente desmesurada e injustificada”, sostuvo.
Agregó que “aquí se han dicho cuestiones públicamente que luego se han descartado con una impunidad e irresponsabilidad por parte de actores políticos y comunicacionales que yo considero nos debiera hacer reflexionar”.
Las alertas y el caso de los nueve niños reembarcados
Durante su exposición también recordó uno de los episodios que, según relató, encendió las alarmas del propio servicio, de la PDI y del Ministerio del Interior.
“Tuvimos que tomar una decisión compleja. En marzo de 2023 nos enteramos de un vuelo procedente de Haití con nueve menores que tenían su visa otorgada, pero fuera de plazo, puesto que habían ingresado con posterioridad a los 120 días”, explicó.
Los padres de los niños se encontraban esperando en el aeropuerto. Fue precisamente ese episodio el que dio paso a una de las pocas autocríticas que formuló durante la sesión.
“Me han preguntado mucho si tengo alguna autocrítica de mi gestión”, señaló.
Y respondió: “Sí tengo una autocrítica y considero que pudimos haber priorizado, en vez del principio administrativo y las exigencias del documento, el interés superior del niño y el derecho a la reunificación familiar”, concluyó.
