Este jueves, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió al pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre las cuatro disposiciones del proyecto de Escuelas Protegidas que fueron declaradas inconstitucionales.
Recordemos que la decisión del TC desarma precisamente aquellos artículos que el Ejecutivo había presentado como el corazón de su propuesta para enfrentar la violencia escolar.
En ese contexto, la secretaria de Estado señaló que es importante “conocer los fundamentos”, ya que sin ellos “es imposible determinar dónde están las objeciones específicas respecto a la norma que hemos propuesto”.
En esa línea, indicó que están a la espera de dichos fundamentos para poder subsanar y/o corregir las observaciones.
“Lo que quiero destacar es que esto es un proyecto que, como está, con las normas que ya están aprobadas y que no han sido objetadas, es un avance. O sea, estamos avanzando”, sostuvo.
Asimismo, destacó que se trata de una iniciativa que, aun con las disposiciones, representa un avance para las comunidades educativas.
“Escuelas Protegidas, con lo que ha sido aprobado, con lo que no ha sido objetado, es un avance para las escuelas y es un avance en el propósito de poder darles más seguridad, más herramientas a los docentes, limitar la sobrecarga que impone la Superintendencia de Educación sobre los colegios y, por lo tanto, sobre la gestión de la convivencia”, afirmó.
Por otra parte, la ministra descartó que existiera un error en la redacción del proyecto de ley por parte del Gobierno.
“Acá no ha habido un error. Estamos en un trámite legislativo que tuvo una amplia votación. Ahora está en el trámite del TC y es parte de lo que es la tramitación de una ley. Por lo tanto, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y vamos a ver cuáles son los fundamentos y cómo vamos a proceder en función de ver el detalle de esos fundamentos”, argumentó.
Normas rechazadas por el TC
Recordemos que entre las normas rechazadas destacan la obligación de informar a las policías cuando un estudiante se negara a revisar su mochila, así también la facultad para que Carabineros o la PDI revisaran vestimentas y pertenencias de alumnos sin orden de un fiscal.
Además, se indicaron observaciones respecto a las sanciones por acciones que interrumpieran las clases y, finalmente, la restricción para acceder a la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves.
