Con los bloqueos de carreteras ya levantados tras 50 días de protestas, el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, encara el reto de recuperar la actividad económica y recomponer su relación con los sectores sociales que impulsaron las movilizaciones, en un contexto en el que persisten las causas que dieron origen al conflicto.
Los bloqueos de carreteras, iniciados el 6 de mayo por organizaciones sindicales y campesinas que exigían la renuncia de Paz, concluyeron esta semana después de afectar el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de paralizar la movilidad y parte de la actividad económica en gran parte del país.
Los expertos coincidieron en que el Gobierno debe mejorar su gestión, recuperar la economía y reconstruir los vínculos con los sectores sociales para evitar una nueva escalada de la conflictividad, después de una crisis que dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, y pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares.
“Todos han perdido”
El presidente Paz señaló este martes que el bloqueo “ha sido derrotado, no puede retornar” y que el estado de excepción continuará porque Bolivia “se tiene que ordenar” para no repetir esta situación.
También sostuvo que ahora se debe “construir y desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de crecer”.
El politólogo Franklin Pareja dijo que, para evitar un escenario similar, el Gobierno debe comenzar a mostrar “señales de recuperación macroeconómica”, combatir la corrupción y desarrollar “programas profundos de equidad” en las zonas rurales. De lo contrario, advirtió, podrían surgir nuevas expresiones de descontento social con un mayor respaldo ciudadano.
Para el analista Ricardo Paz, en este conflicto “no hay ganadores”, sino que “todos (los actores) han perdido”, desde el Gobierno, al que atribuyó “varios errores”, hasta los sindicatos y los grupos vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019), que, a su juicio, quedaron “muy golpeados, disminuidos y deslegitimados”.
En ese sentido, consideró que el Ejecutivo debe dar un “giro” a su conducción política, “mejorar significativamente la gestión pública y ejecutar con mayor eficiencia las reformas necesarias”, además de transformar de “manera drástica” su política de comunicación.
Las protestas comenzaron en la región de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque posteriormente se extendieron a casi todos los departamentos del país y los puntos de bloqueo llegaron al centenar, concentrados principalmente en la zona andina y el centro de Bolivia.
Los sectores movilizados argumentaron que Paz, que lleva siete meses en el poder, los marginó de la toma de decisiones pese a haber respaldado su candidatura en las elecciones generales de 2025.
También lo acusaron de pretender privatizar empresas estatales y encarecer los servicios básicos, señalamientos que el Gobierno rechazó.
Inicialmente, las protestas coincidieron con reclamos de otros sectores, entre ellos maestros, indígenas amazónicos, transportistas y mineros cooperativistas, que levantaron progresivamente sus medidas de presión tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo.
El 11 de mayo, grupos afines a Morales se sumaron a las movilizaciones con una marcha iniciada en el altiplano boliviano que llegó una semana después a La Paz. A raíz de ello, el Gobierno acusó al exmandatario de financiar las manifestaciones con recursos procedentes del narcotráfico, acusación que el exgobernante negó.
Evitar nuevos conflictos
Tras siete semanas de conflicto y luego de alcanzar acuerdos con sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), Paz decretó el sábado el estado de excepción para permitir la intervención conjunta de policías y militares con el fin de despejar las carreteras. La medida se ejecutó hasta el martes y prácticamente sin incidentes, ya que en la mayoría de los puntos conflictivos ya no había manifestantes.
Pareja consideró que, si el Gobierno logra avanzar en la recuperación económica y en políticas de equidad, “la capacidad de movilización de los grupos radicales disminuirá”.
Sin embargo, advirtió que, si no se atienden las causas de fondo del conflicto, “es posible que resurjan nuevas expresiones de descontento popular con mayor respaldo social”.
“No podemos afirmar que existan ganadores cuando el costo social, político y económico ha sido tan elevado (…) el conflicto puede estar terminando, pero el problema de fondo persiste”, agregó Pareja.
