La apertura de un sumario administrativo y la suspensión de Fernando Mardones, jefe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería, reactivaron la polémica por el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, “Comandante Ramiro”. Un informe elaborado por esa unidad fue determinante para que la justicia dispusiera su retorno desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) a la cárcel de Rancagua.
De acuerdo con fuentes de Radio Bío Bío, la medida se adoptó porque el documento fue enviado al tribunal sin pasar previamente por las instancias superiores, lo que motivó la apertura de un sumario para esclarecer posibles responsabilidades. En medio de este proceso, Mardones presentó su renuncia, que se hará efectiva el 1 de julio.
El exdirector nacional de Gendarmería, Claudio Martínez, respaldó la determinación, argumentando que en una institución jerarquizada los informes deben respetar la cadena de mando antes de remitirse a los tribunales. A su juicio, esta decisión resguarda el funcionamiento interno, más aún tratándose del caso de Hernández Norambuena.
Desde la organización 81 Razones para Luchar expresaron una postura contraria. Su vocero, César Pizarro, cuestionó la suspensión y sostuvo que Mardones actuó dentro de sus facultades al responder un requerimiento judicial. Calificó el sumario como una represalia por las conclusiones del informe del Departamento de Derechos Humanos, que advirtió posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de Hernández Norambuena si permanecía en el REPAS, dadas su edad, estado de salud y las condiciones de encierro.
Con esos antecedentes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó sin efecto el traslado al recinto de alta seguridad y ordenó su regreso al penal de Rancagua. En paralelo, el sumario interno deberá determinar si la elaboración y el envío del informe se ajustaron a las normas de Gendarmería.
