La comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana, quedó marcada esta semana por un crimen que conmocionó al país: un niño de 12 años falleció tras ser arrastrado por un automóvil durante una encerrona. El hecho reactivó el debate sobre la agenda de seguridad del Gobierno del presidente Kast, uno de sus principales compromisos de campaña y que, a poco más de cien días en La Moneda, aún no muestra avances sustantivos.
Este domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reconoció que la ausencia de una ley que regule el Uso de la Fuerza dificulta la respuesta del Ejecutivo frente a la crisis de seguridad. Si bien valoró el trabajo del ministro Martín Arrau, admitió que persisten tareas pendientes mientras ese proyecto no sea aprobado.
Desde el Senado, el socialista Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, planteó que el Gobierno debe incorporar soluciones innovadoras y “dejar atrás lo mismo de siempre”. Agregó que el apoyo ciudadano al presidente Kast, más allá de las posiciones políticas, se explica en gran parte por su promesa de transformar la seguridad pública.
En la Cámara de Diputadas y Diputados, la Comisión de Seguridad Ciudadana comparte diagnósticos críticos. La diputada nacional libertaria Gloria Naveillán consideró que el proyecto de Registro Nacional de Vándalos es insuficiente para enfrentar la magnitud del problema. Además, cuestionó a quienes proponen sacar militares a la calle sin contar previamente con Reglas de Uso de la Fuerza claras y aprobadas.
A su vez, la diputada republicana Chiara Barchiesi sostuvo que no existe una medida única capaz de revertir la violencia, y aseguró que el Gobierno impulsa una estrategia integral destinada a dotar al Estado de más y mejores herramientas para prevenir el delito.
Con el tema instalado, el Ejecutivo mantiene el impulso a su agenda de seguridad, mientras el Congreso continúa discutiendo cuáles deben ser las herramientas para enfrentar la delincuencia.
