El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció este lunes que el Gobierno respaldará iniciativas para ajustar la responsabilidad penal adolescente, en el contexto del debate abierto por la denominada “Ley Alejandro”, impulsada por la familia del niño de 12 años que falleció tras una encerrona en San Bernardo y que apunta a endurecer sanciones para este tipo de delitos.
El apoyo fue expresado durante el comité policial, donde Arrau señaló que el Ejecutivo ya venía evaluando cambios a la normativa antes del crimen que originó la propuesta. “Como Gobierno ya lo habíamos discutido semanas atrás. Creemos que deben introducirse mejoras a la responsabilidad penal, sea en la edad, en el procedimiento o frente a la reincidencia”, indicó.
En esa línea, valoró que se sumen nuevas propuestas y afirmó la disposición del Ejecutivo a respaldarlas. “Las iniciativas que abran este debate son positivas. Vamos a apoyar proyectos en esa dirección. Desde nuestro punto de vista, hay que hacer cambios”, sostuvo.
Arrau añadió que el actual sistema de responsabilidad penal adolescente “no está dando buena respuesta”, por lo que, a su juicio, los proyectos hoy en tramitación en el Congreso debieran avanzar, incorporando eventuales perfeccionamientos.
Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, informó que el Gobierno está revisando el tema junto al Ministerio de Justicia para definir próximos pasos. Explicó que en el Senado se tramitan en segundo trámite iniciativas que elevan las penas para delitos de alta connotación pública y gran violencia, entre ellas una propuesta del senador Andrés Longton.
Guerrero precisó que el Ejecutivo evaluará si esos proyectos cumplen los objetivos de la “Ley Alejandro” o si será necesario impulsar ajustes adicionales. “Hay que analizar lo que está en segundo trámite y ver si coincide con lo que se busca, aprovechando además lo ya avanzado. Las definiciones se adoptarán en los próximos días”, señaló.
La “Ley Alejandro”, presentada por la familia de Alejandro Águila, busca endurecer las sanciones para delitos cometidos en grupo, estableciendo condenas efectivas y sin beneficios, con independencia de la edad de los participantes.
