La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó a la Municipalidad de Antofagasta remitir los antecedentes que sustenten el monto fijado en la transacción extrajudicial con el Club de Deportes Antofagasta (CDA), luego de detectar que no se identifican las razones que justificaron la reducción de una deuda desde $638 millones a $200 millones.
La instrucción se originó tras una denuncia de la concejala Karina Guzmán Arias, quien cuestionó el acuerdo al considerar que podría configurar una condonación con posible perjuicio para el patrimonio municipal.
De acuerdo con el oficio del órgano contralor, la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio valoró el 7 de mayo de 2025 la deuda del CDA en $638.831.206 por el uso de la cancha N° 2 del Estadio Regional Calvo y Bascuñán y su infraestructura asociada. No obstante, el 26 de diciembre de 2025, mediante una transacción extrajudicial firmada por el alcalde Sacha Razmilic y un representante del club, se pactó el pago de $200 millones, a cancelar en 24 cuotas mensuales de $8.333.333. El convenio también estableció que el municipio renunciaba a iniciar acciones judiciales o administrativas por hechos previos vinculados al uso de esas instalaciones.
En su revisión, Contraloría recuerda que las transacciones suponen concesiones recíprocas, pero advierte que la renuncia de un órgano público a derechos o acciones es excepcional y no debe afectar el patrimonio institucional. Además, consigna que el propio municipio indicó que los informes internos carecían de una metodología para determinar con precisión los montos adeudados y que el club no había reconocido la deuda, por lo que esta no sería líquida ni exigible, circunstancias que habrían motivado la transacción.
Pese a ello, el organismo fiscalizador concluye que no se aprecian los antecedentes ni fundamentos que expliquen la fijación del monto de $200.000.000, más aún considerando la falta de una metodología validada para el cálculo. Por tal motivo, ordenó a la Municipalidad de Antofagasta enviar en un plazo de 10 días hábiles toda la documentación técnica, financiera y jurídica que sirvió de base para la cifra acordada.
Tras el pronunciamiento, la concejala Karina Guzmán calificó la situación como preocupante y planteó que abre interrogantes sobre la decisión del alcalde Sacha Razmilic. Señaló que informes municipales estimaban la deuda en más de $638 millones y que el acuerdo la redujo a $200 millones, además de incluir la renuncia a acciones judiciales y administrativas respecto de hechos anteriores. A su juicio, corresponde que el municipio explique los criterios que respaldaron la rebaja y la renuncia, subrayando que, tratándose de recursos públicos, no puede haber decisiones adoptadas sin una justificación clara. Añadió que el alcalde tiene el deber de transparentar por qué se redujo una deuda de esa magnitud y por qué se optó por no ejercer acciones para resguardar el patrimonio municipal.
