El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó la reapertura del sumario administrativo destinado a detectar irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Según señaló este martes, la Contraloría General de la República instruyó formalmente retomar el proceso.
Pavez explicó que, una vez concluidos, los sumarios deben someterse a la toma de razón de la Contraloría, instancia en la que el organismo puede adoptar distintas decisiones. En este caso, al revisar un procedimiento tramitado por la administración anterior, la CGR advirtió deficiencias que motivaron su reapertura.
El subsecretario recalcó que cumplirán la instrucción del ente contralor, reabriendo y sustanciando el sumario conforme a las normas. Añadió que, además, se evaluarán eventuales sanciones para los funcionarios que otorgaron pensiones en situaciones que no correspondían, como en casos sin respaldo médico o con documentos faltantes, situación que afectaría, al menos, a nueve beneficios.
Paralelamente, el Gobierno está revisando la totalidad de las pensiones de gracia vinculadas a los hechos de 2019. Pavez indicó que esta labor responde también a solicitudes de parlamentarios oficialistas y a una resolución de la Cámara de Diputados orientada a verificar quiénes realmente califican para este beneficio presidencial.
Inicialmente se concedieron 418 pensiones; tras fallecimientos y revocaciones, hoy alcanzarían cerca de 348, todas sujetas a revisión. Pavez distinguió entre el sumario —de carácter administrativo, con una fiscal ya designada y autonomía para actuar— y el proceso de revisión de los beneficios, cuyos resultados serán informados públicamente cuando concluyan.
Cerró señalando que el objetivo es asegurar el buen uso de los recursos públicos y que, a juicio del Ejecutivo, existen pensiones que no se justifican, materia que se está analizando para comunicarla con rigor.
