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Senadores desestiman la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

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Cristóbal LópezPeriodista de Radio Bío Bío Valparaíso

Este martes, el Senado rechazó la Acusación Constitucional (AC) presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, cerrando una de las jornadas parlamentarias más intensas de las últimas semanas.

La iniciativa había sido impulsada por legisladores del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano (REP), quienes atribuían al exsecretario de Estado responsabilidad política por supuestas irregularidades en las proyecciones fiscales elaboradas al término del gobierno anterior. En particular, cuestionaron discrepancias entre las estimaciones del déficit fiscal y de la deuda pública para los años siguientes.

Hace una semana, la Cámara de Diputados aprobó el libelo con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Pese a ese avance, en el Senado se anticipaba un desenlace desfavorable debido a la ausencia de representantes del PDG, cuyos votos habían sido clave para que la acusación superara la instancia previa.

La votación en el Senado
El primer capítulo fue rechazado por 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones. El segundo capítulo también fue desestimado, con nueve votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones. El tercero corrió la misma suerte: 16 votos a favor, 26 en contra y tres abstenciones. El cuarto y último capítulo fue rechazado por 10 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, dando por concluida la tramitación de la acusación.

AC contra el exministro Grau: el debate
La discusión estuvo marcada por cuestionamientos a la solidez jurídica de la acusación. Durante la sesión, varios senadores explicaron su postura. Vlado Mirosevic (PL) sostuvo que no advirtió infracción constitucional y recordó que este mecanismo no debe usarse para juicios de mérito sobre la gestión ni como crítica política; pese a ello, se inhabilitó. Claudia Pascual (PC) también se inhabilitó por un parentesco lejano con el exministro.

Karim Bianchi (IND) criticó los costos de citar a los parlamentarios en semana regional, que estimó en cerca de $200 millones. Andrea Balladares (RN) indicó que no alcanzó la convicción necesaria sobre la existencia de una infracción constitucional. Fidel Espinoza (PS) afirmó que el uso de esta herramienta ha perdido su carácter excepcional y se ha convertido, a su juicio, en un instrumento de confrontación permanente. Por último, Paulina Núñez (RN) anunció su voto en contra, señalando que, aunque considera grave la situación fiscal, no ve acreditada la responsabilidad constitucional atribuida a Grau.