La mañana de este martes se puso en marcha la segunda etapa del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, con el objetivo de recuperar las 40 hectáreas aún ocupadas, en cumplimiento de una resolución judicial. El operativo comenzó alrededor de las 08:30 en el lote 1A2, que comprende los campamentos Fuerza Guerrera y Agua Salada, con participación de Carabineros, PDI, la Delegación Presidencial, maquinaria pesada y empresas de servicios básicos.
En las primeras horas, personal de Chilquinta inició el retiro del tendido eléctrico instalado sin autorización, mientras ingresó maquinaria para demoler estructuras. Hasta el cierre de esta nota, la intervención se desarrollaba sin incidentes relevantes.
La medida responde a órdenes de los tribunales, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera en junio de 2023 un recurso del propietario del predio, fallo ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024. La resolución dispuso la restitución del terreno y la coordinación de organismos públicos para ejecutar el proceso con resguardo de la seguridad. La megatoma abarca 98,4 hectáreas: en enero se recuperaron 58,4 y ahora se trabaja en las 40 restantes, donde se contabilizan 853 estructuras. Esta semana se intervienen 5,4 hectáreas, con la demolición de 156 viviendas: 60 de Fuerza Guerrera y 96 de Agua Salada.
Según el catastro del Minvu, en el sector vivían 115 personas, aunque muchas se retiraron voluntariamente tras las notificaciones. Las familias fueron informadas por un receptor judicial durante 2024 y, desde marzo, la Delegación Presidencial sostuvo reuniones con dirigentes para coordinar el proceso. El 15 de junio se comunicó a cada familia la fecha del operativo. La planificación considera avanzar cerca de una hectárea por día.
La general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, señaló que el despliegue busca proteger a los habitantes y a los equipos en terreno. Anticipó una jornada sin mayores inconvenientes, aunque advirtió que la situación podría variar, e instó a colaborar con las instrucciones. Agregó que, a diferencia del primer desalojo, esta vez se dispuso un contingente menor en función de evaluaciones previas.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que un número significativo de familias dejó el lugar antes del operativo, con apoyo de camiones para el traslado de enseres durante el fin de semana. Dirigentes estimaban que quedaban menos de 30 viviendas ocupadas en el área intervenida, cifra que aún debía confirmarse. Reiteró que el Gobierno respaldará a quienes busquen soluciones habitacionales por vías institucionales y descartó las tomas como mecanismo válido de acceso a vivienda.
En el sector, una vecina, Eugenia Araya, anunció que se retirará para no exponer a su familia, aunque cuestionó la falta de una alternativa habitacional. Relató que llegó al lugar en 2019 tras reuniones donde, según dijo, se les indicó dónde podían instalarse. Señaló que no usará el albergue municipal por sus limitaciones y que resguardará sus pertenencias en un sitio facilitado.
El operativo incluye un refuerzo de seguridad con personal policial, puestos de mando, drones, controles preventivos y un perímetro de resguardo. La Municipalidad de San Antonio habilitó un albergue para 70 personas en el Colegio España de Llolleo y preparó un segundo recinto de emergencia si fuera necesario. Se coordinó apoyo para adultos mayores, niños, personas con discapacidad y pacientes electrodependientes, además del traslado de bienes con un camión dispuesto por el propietario.
Concluido el desalojo, el dueño del predio deberá ejecutar medidas para impedir nuevas ocupaciones, como zanjas y cierre perimetral.
